Las personas migrantes, debido a su nacionalidad, a las diferencias culturales, religiosas, y a la ausencia de políticas de protección, a menudo están expuestas o sufren una serie de vulneraciones a sus derechos, como condiciones abusivas de empleo, despidos laborales sin beneficios, difícil acceso a servicios básicos, discriminación, xenofobia, riesgo a las deportaciones masivas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y arrestos arbitrarios.
Al respecto, en el post titulado "Urge una ley que proteja derechos de migrantes", escrito por Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, se señala la importancia de discutir y aprobar una Ley de Migrantes que defina principios, objetivos y lineamientos de una política pública que garantice los derechos en todas las etapas del proceso migratorio y establezca de manera inequívoca las obligaciones del Estado en esta materia. Además, debe involucrar a diversos sectores como Relaciones Exteriores, Salud, Mujer, Educación, Trabajo, Interior, Justicia, así como al Congreso, organizaciones de la sociedad civil y la población migrante.
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