miércoles, 15 de agosto de 2012

RECURSOS HÍDRICOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Ante la manifestación del presidente Humala sobre la gestión que realiza el Estado peruano del Recurso Hídrico y de su relación con la actividad extractiva, causa de la mayoría de conflictos sociales del país, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú –REMURPE expresa lo siguiente:

Los acuerdos logrados entre los actores públicos y privados deben ser vinculantes como medida que permita evitar los conflictos sociales sobre el agua. En ese sentido, instamos a reforzar la articulación de los consejos de cuenca con los actores representativos del territorio (gobiernos locales y regionales), ya que los espacios de gestión de recursos hídricos necesitan institucionalidad a los niveles de sub o microcuenca para complementar y fortalecer la representatividad de los consejos de cuenca.

Es necesario  fortalecer el vínculo de los actores locales de gobierno, de sociedad civil y del sector privado con la gestión del agua y   desarrollar e  implementar  los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca a través de programas y planes de gestión de subcuenca. Además, solicitamos brindar un servicio de calidad a todos los sectores la población. Señaló Wilson Ibáñez, alcalde provincial de Huancabamaba –Piura y presidente de REMURPE.

Asimismo, los agudos conflictos sociales que han ocupado el centro de la escena política en el primer año de gobierno del Presidente Ollanta Humala, hacen más urgente la elaboración de una ley de Ordenamiento Territorial, propuesta que fue además una oferta electoral.

La Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú –REMURPE miembro de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial ve con mucha preocupación que a la fecha no hay avances conocidos en el proceso de formulación de la Ley Ordenamiento Territorial y que más bien este se desarrolla de manera sectorial, sin la participación de los gobiernos regionales, las municipalidades y la sociedad civil.

Nos preocupa que el Gobierno desvirtúe la naturaleza del ordenamiento territorial, al considerar como su único propósito el desarrollo de actividades extractivas y productivas  o la promoción de la competitividad, sin considerar otros aspectos como la sostenibilidad, la participación, el proceso de descentralización, la planificación integral del territorio o la cultura, entre otros. Asimismo, nos parece un error que se plantee el concepto de “desarrollo territorial” sin vincularlo al proceso de ordenamiento territorial.

En ese sentido, REMURPE representado por Willy Torres, miembro del equipo técnico, presenta una propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial en la que plantea que ésta debe ser el resultado de un proceso de discusión y consenso entre distintos actores a nivel nacional, y no solo de la reflexión sectorial o del Gobierno central. Asimismo proponemos:
§  La propuesta de ley debe tener una visión integral y planificada del territorio, no solo basado en las potencialidades pues este es un enfoque excluyente y limitado; permitiendo que las políticas económicas, sociales, ambientales y territoriales se articulen y respondan a objetivos de desarrollo integrados.

§  La subsidiariedad debe estar definida como un principio base en la ley. Deben ser claras las competencias de cada nivel de autoridad e integrarse de manera complementaria con los otros niveles de gobierno. Con este enfoque buscamos avanzar hacia una mayor eficiencia y eficacia en la gestión concertada de nuestros diversos territorios.

§  Para fortalecer a los gobiernos regionales, provinciales y distritales, la ley debe dotarlos de marcos institucionales y recursos para la efectiva planificación y gestión del territorio. Ello implica cerrar el ciclo de recentralización iniciado por el Gobierno anterior y sobre el cual no hay cambios significativos luego de un año de gobierno.

§  Se debe definir un ente rector de rango ministerial, que actúe con carácter intersectorial y en los distintos niveles de gobierno; respetando las competencias y funciones de los gobiernos sub nacionales, que asuma la responsabilidad de implementar la Ley e impulsar el desarrollo de Planes de Ordenamiento Territorial.

§  No se debe replicar el esquema de ordenamiento vertical, donde los gobiernos locales tienen posibilidades limitadas de plantear con la población un modelo de desarrollo acorde con su realidad territorial, social y cultural.

§  Se debe propiciarla concertación, una participación real y la consulta a todos los pueblos en el proceso de OT.



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