•Legislador Mayer Haro alcanzó a la Comisión de Educación y
Cultura del Consejo Regional un expediente de dos mil 234 folios con denuncias
sobre presuntos actos de corrupción en el sector Educación.
•Entre ellos, el nombramiento irregular de dos funcionarios,
contratación de familiares de directores de UGEL, favorecimiento en procesos
administrativos a docentes para que prescriban acusaciones en su contra,
encubrimiento a funcionarios para evitar sanciones por permitir la expiración
de denuncias públicas respecto a treinta casos de acoso sexual y maltrato
físico y psicológico por parte de docentes en agravio de alumnos.
Un expediente de dos mil 234 folios con
denuncias sobre presuntos actos de corrupción y otras irregularidades en
agravio del Estado ocurridos en la Gerencia Regional de Educación del Gobierno
Regional de La Libertad, ha alcanzado el legislador otuzcano Mayer Haro Rafael
a la Comisión Ordinaria de Educación y Cultura del Consejo Regional de La
Libertad.
Las denuncias, debidamente documentadas, fueron
presentadas por la población en el despacho del consejero Mayer Haro, quien,
tras tomar conocimiento y evaluarlas, las ha hecho llegar al mencionado grupo
de trabajo para que, en el marco de su función fiscalizadora, inicie las
acciones correspondientes contra los presuntos actos de corrupción incurridos
en el sector Educación.
Entre las denuncias presentadas al despacho del
legislador Mayer Haro y que serán materia de investigación de la Comisión
Ordinaria de Educación y Cultura del Poder Legislativo regional, está el
nombramiento irregular de dos funcionarios de la Gerencia Regional de Educación
de La Libertad, contratación de familiares de los directores de UGEL, favorecimiento
en procesos administrativos a docentes para que prescriban acusaciones en su
contra y evitar sanciones, encubrimiento a funcionarios para evitar sanciones
por permitir la expiración de denuncias públicas respecto a treinta casos de
acoso sexual y maltrato físico y psicológico por parte de docentes de colegios
en agravio de alumnos, entre otras.
Al respecto, Mayer Haro ha dicho que en cumplimiento
de su labor fiscalizadora efectuó una revisión y verificación previa a toda la
documentación que acompaña las denuncias y que luego estas han sido incluidas
en el informe legal 001-2013-GRLL-CR-AMAM, de 2.234 folios, refrendado por la
abogada de su despacho, Ana María Altamirano Malabrigo, el mismo que ya ha sido
remitido a la presidenta de la Comisión Ordinaria de Educación y Cultura del
Consejo Regional de La Libertad, Helvidia Castillo León, y a sus integrantes
Enma Cumpa Luján y Carlos Sandoval de la Cruz.
“Ha sido un arduo trabajo llevado a cabo en dos
meses y medio, pero lo importante es que estos documentos ya están en buenas
manos”, comentó Mayer Haro, quien agregó que la amplia trayectoria profesional
y experiencia de Helvidia Castillo al frente del sector Educación, así como la
reconocida labor fiscalizadora de Enma Cumpa y Carlos Sandoval, serán factores
importantes para que la Comisión de Educación dictamine y recomiende las
acciones más adecuadas en favor y defensa de la comunidad educativa de la
región.
FUNCIONARIOS
Según el informe, hay denuncias sobre la
reincorporación y nombramiento indebido de dos funcionarios de la Gerencia
Regional de Educación de La Libertad: el señor Jorge Eduardo Morales Loyola y
la abogada María Julia Julissa Merino Alegría.
El primero, Jorge Eduardo Morales Loyola, fue
reincorporado en calidad de nombrado en el cargo de Especialista Administrativo
II, con Resolución Directoral Regional 579-2005-DRE-La Libertad, de fecha 31 de
mayo de 2005, pese a que había cesado el año 1995 con el cargo de Especialista
Administrativo I, trasgrediendo el artículo 20 del Decreto Supremo 014-2002-TR
que dispone la reincorporación en el mismo cargo y funciones.
El hecho de ser reincorporado en un cargo
distinto y de mayor jerarquía y responsabilidad, vulnerando, a la vez, lo
establecido en la Ley 27803, obligó al Gobierno Regional de La Libertad a
autorizar a la procuradora regional, mediante Resolución Ejecutiva
949-2006-GR-LL, a demandar ante el Poder Judicial la nulidad de la Resolución
Directoral Regional 579-2005-DRE-La Libertad.
Además, el Gobierno Regional de La Libertad
también autorizó a la procuradora, mediante Resolución Ejecutiva
2234-2012-GRLL/PRE, del 21 de noviembre de 2012, a iniciar acciones legales
contra Jorge Eduardo Morales Loyola, en su condición de ex funcionario de la
Gerencia Regional de Educación de La Libertad, por realizar destaques
irregulares y encargo de funciones de manera irregular, omitiendo cumplir las
funciones a las que se encontraba obligado.
Respecto a la abogada María Julia Julissa Merino
Alegría, el informe da cuenta de su supuesto nombramiento indebido, a través de
la Resolución Directoral Regional 10397-2006-DRE-La Libertad, de fecha 29 de
diciembre de 2006, invocando como sustento técnico el informe favorable emitido
por el jefe de Personal de entonces, Jorge Eduardo Morales Loyola, pese a que
su pedido de nombramiento fue declarado infundado mediante Resolución
Directoral Regional 004345-2006-DRE-La Libertad, de fecha 05 de julio de 2006, que
tuvo como sustento técnico el informe desfavorable suscrito por el mismo Jorge
Eduardo Morales Loyola.
Después, el recurso impugnativo interpuesto por la
abogada María Julia Julissa Merino Alegría fue declarado improcedente por el
Gobierno Regional de La Libertad, mediante Resolución Ejecutiva
389-2007-GR-LL-PRE, del 16 de marzo de 2007.
Así mismo, se denuncia que la abogada María
Julia Julissa Merino Alegría, en su calidad de coordinadora y especialista de
la CADER, presenta informes contradictorios y pronunciamientos sobre sanciones,
amonestaciones y procesos disciplinarios, favoreciendo aparentemente a los de
su entorno y perjudicando a quienes no lo son, evidenciando inconducta
funcional en estos y otros hechos denunciados.
FAVORES
PARA EVITAR PROCESOS DISCIPLINARIOS
De otro lado, los funcionarios de la Gerencia
Regional de Educación de La Libertad José Rabines Serrano, director nombrado de
la UGEL 03; Milton Rafael Abanto Bueno y Jessica Roxana Gálvez Haro,
integrantes de CADER, fueron acusados de favorecer en procesos administrativos
disciplinarios a otros docentes al dejar que prescriban acusaciones en su
contra a fin de evitar sanciones.
El informe detalla el caso de la abogada Jessica
Roxana Gálvez Haro, quien sorprendió al titular de la GRELL haciéndole firmar
una resolución “que atenta gravemente contra los intereses del Estado”, al
pronunciarse en contra de las normas vigentes y asegurar que la directora del
Conservatorio de Música “Carlos Valderrama”, Olga Díaz Chávarry, debía laborar
40 horas pedagógicas cuando, de acuerdo a la ley, le correspondía trabajar 40
horas cronológicas, que es lo que debe laborar un director de educación
superior. Este presunto acto de corrupción, entre otros, dio motivo a la
investigación por parte de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo.
Respecto a José Rabines Serrano, director de la
UGEL 03, también será investigado por presuntamente haber falseado su edad
cronológica para evitar el cese en su cargo, según el informe de un medio de
comunicación local, cuyo autor de la nota informativa estaría sufriendo
“reglaje” por parte de personas al parecer allegadas al mencionado funcionario,
según denunciaron los familiares del periodista, que han adjuntado fotografías
de los sujetos en inmediaciones de su domicilio.
UGEL
Otras denuncias que forman parte del informe,
han sido efectuadas contra los ex directores de las UGEL recientemente creadas,
por la presunta contratación de sus familiares en las mismas, de manera
directa, sin haberse realizado los correspondientes procesos de selección de
personal. Las denuncias son contra Cristian Agüero Paredes, de la UGEL Trujillo
Sureste; Olga Cribilleros Shigihara, de la UGEL Trujillo Noreste; y Roger
Muguerza, de la UGEL 02.
ACOSO
SEXUAL
El informe dice que también se tomó conocimiento
de las denuncias públicas respecto a 30 casos de acoso sexual y maltrato físico
y psicológico por parte de los docentes de colegios en agravio de los alumnos,
ocurridos los años 2009, 2010, 2011 y 2012, que no fueron atendidos
oportunamente por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad.
Añade que la GRELL recibió las denuncias pero no
tomó las acciones pertinentes, dejando que las mismas sean archivadas,
vulnerando lo dispuesto por la Resolución Ministerial 405-2007-ED, que
establece que el proceso administrativo sobre maltrato físico, psíquico,
hostigamiento sexual, entre otros actos, debe ser sumario.
El documento advierte la inacción de la Comisión
de Procesos Administrativos de la GRELL al no haber procedido a abrir el
procedimiento administrativo de investigación respectivo y haberse abstenido de
emitir los pronunciamientos respectivos a fin de determinar las
responsabilidades funcionales, hechos que también se pusieron en conocimiento
del Órgano de Control Institucional.
En respuesta, el Órgano de Control Institucional
de la GRELL, mediante oficio dirigido al gerente regional de Educación, Willard
Loyola Quiroz, señaló que pese a la gravedad de los hechos denunciados y del
tiempo transcurrido, la Comisión de Procesos Administrativos no había cumplido
con dar el trámite legal a las denuncias, habiendo, incluso, provocado la
intervención del jefe de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente
(DEMUNA), Guillermo Haro López, quien demandó a las autoridades locales
sancionar a los funcionarios de la GRELL por permitir la expiración de las
denuncias, habiéndose presentado denuncia formal el 18 de diciembre de 2012
ante la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de
La Libertad.
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