En gobierno de Alejandro Toledo más de 300 terroristas recibieron libertad condicional

Ministra  de Justicia recuerda que DL 927  es una norma aprobada por anterior régimen

La ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, precisó que durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo más de 300 sentenciados por terrorismo recibieron la libertad condicional, al amparo del Decreto Legislativo 927, aprobado  por el anterior régimen y publicado en febrero de 2003.

Fue al comentar  las declaraciones del ex mandatario y candidato presidencial, así como de su jefe de campaña, el congresista Carlos Bruce, y agregó que el tema es tan delicado que no debe ser utilizado en medio de una campaña electoral y debe ser tratado en el espacio correspondiente.

“He leído que el doctor Toledo tiene una actitud muy dura con los terroristas y lo mismo, al parecer, declara el señor Bruce. El Decreto Legislativo 927 es una norma hecha por el Poder Ejecutivo.  Fue el resultado del trabajo de una comisión multisectorial convocada por el doctor Toledo en enero de 2003 y dio como resultado la aprobación del Decreto Legislativo 927 en febrero de 2003. Antes de eso no existían beneficios penitenciarios para los sentenciados por terrorismo”, recordó.

Agregó que el dispositivo se aplicó hasta que el Gobierno lo derogó y dejó sin efecto.

Al referirse a las expresiones de Alejandro Toledo, quien responsabilizó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la liberación de subversivos, la titular de Justicia enfatizó que los más de 300 liberados en el gobierno anterior contaron, “en su momento, con los informes favorables del INPE  de la época del doctor Toledo, porque, sin ellos, no era posible formar los expedientes o solicitudes de beneficio”.

Fernández Figueroa manifestó, asimismo, que le gustaría que el parlamentario Carlos Bruce precise cuál es su concepto sobre la actitud de los jueces, respecto a las solicitudes de beneficios penitenciarios interpuestas por los condenados por terrorismo.

“Se coloca el tema como si sólo fuera una decisión del INPE. Lo importante acá es determinar que el otorgamiento de los beneficios penitenciarios los decide el juez”, aseveró en declaraciones que ofreció en Palacio de Gobierno antes de recibir las cartas credenciales de diferentes países, por estar encargada temporalmente del despacho de Relaciones Exteriores.