Designan a jurista Pedro Cateriano como agente del Estado para caso Eduardo Nicolás Cruz Sánchez‏

Con nombramiento de destacado abogado se busca lograr una efectiva defensa del Perú ante la Corte Interamericana
Se convocará a partidos políticos representados en el Congreso para compartir estrategias de protección
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) anunció el nombramiento del destacado abogado Pedro Cateriano Bellido, como agente del Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el caso Eduardo Nicolás Cruz Sánchez (conocido como Chavín de Huántar).
Cateriano Bellido se desempeñó como viceministro de Justicia, entre 2001 y 2002, periodo en el que impulsó la repatriación de fondos obtenidos ilícitamente en la década de los 90, y tuvo una activa labor en asuntos vinculados al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El nuevo agente del Estado peruano también ha sido diputado, entre 1990 y 1992, e integrante de las comisiones parlamentarias de Relaciones Exteriores y Constitución de la Cámara de Diputados, así como Permanente del Congreso de la República.
Abogado especialista en Derecho Constitucional y con estudios de doctorado en el Instituto José Ortega y Gasset de España, formó parte de las comisiones Consultiva del Ministerio de Justicia y de Reforma Constitucional que dirigió el ex presidente de la República, Valentín Paniagua.
La experiencia profesional de Pedro Cateriano lo ha convertido en un activo letrado consultor y litigante en materias de su especialidad.
En 2007 participó como observador electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones generales de Guatemala. Además, ejerce la cátedra universitaria durante más de 15 años, dictando los cursos de Derecho Constitucional y Cultura Política, como profesor en la Universidad de Lima.
Con la designación de Pedro Cateriano, el MINJUS emprenderá, de inmediato, la tarea de construir el amplio consenso que se requiere para defender al Perú en la CIDH. En esa línea de criterios y acciones, se convocará al grupo consultivo de partidos políticos con representación en el Parlamento y a destacados juristas, para informar y compartir estrategias de defensa.