Políticas del Estado tendrán un giro de 180 grados en su relación con los derechos humanos, asegura MINJUS‏

Una estrategia de acciones que cambie en 180 grados la relación de las políticas del Estado con los derechos humanos, anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, al comentar la situación de los mismos en el Perú.

“Vamos, a partir de este mecanismo, a trabajar en políticas de Estado con contenido en derechos. Esto implica que el Gobierno y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fiscalicen el cumplimiento de estándares mínimos (de respeto de derechos humanos), que representarán una revolución de la gestión pública”, declaró tras su participación en la última audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de destacar que uno de los grandes aportes del presidente Ollanta Humala será dejar funcionando el Sistema Nacional de Derechos Humanos, resaltó también los avances logrados por su gestión en la materia, como la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia,  y la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016.

“Los derechos humanos son de todos y corresponden a los niños, a las madres, a los adultos mayores, y esto se va a lograr con una política de educación, donde los derechos humanos no van a ser un tema de enfrentamiento”, señaló.

El ministro Jiménez subrayó que aprovechó su visita a la CIDH para explicar en qué consiste el proyecto minero Conga y aclarar algunos cuestionamientos que han sido llevados ante el organismo supranacional.

“(…) En el caso del proyecto Conga, éste no ha sido decidido de motu propio por la empresa o el Gobierno. Ha sido un proceso participativo, donde ha habido mucha información a la población”, indico y,  a la vez,  dijo que, si bien en este caso no se aplicó la Ley de Consulta Previa, porque no estaba promulgada, sí hubo un amplio diálogo participativo con las comunidades involucradas.

Criticó que, luego que el proyecto no fuera cuestionado durante la etapa de consultas, se reclame en la CIDH que no hubo diálogo, después que se invirtieran 800 millones de dólares en el proyecto. “Es un camino equivocado. Y lo hemos planteado a la CIDH. No corresponde plantear una consulta previa cuando ha existido un proceso participativo”, concluyó.