No se puede negar que a lo largo de estos años la cobertura de los servicios de agua y alcantarillado en nuestro país ha ido en aumento tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales, aunque en este último caso aún con serias restricciones. En este punto, debemos preguntarnos ¿Es efectiva la supervisión a las municipalidades y empresas en cuanto a la calidad e idoneidad de la infraestructura construida? ¿Qué medidas aplica el Estado a las empresas contratistas que incumplen con culminar las obras en el tiempo requerido o las dejan inconclusas? ¿Qué mecanismos legales tienen los ciudadanos a efectos de exigir una infraestructura adecuada?
Al respecto, el post titulado "Sobre la ejecución de infraestructura para asegurar el derecho al agua. Reflexiones en el Día Mundial del Agua", escrito por Giannina Avendaño Vilca, jefa del área de servicios públicos de la Adjuntía del Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, señala que las respuestas a estas preguntas no son alentadoras, pues los mecanismos de supervisión y control no son suficientemente efectivas por parte del Estado. Esta situación ha sido constatada por la Defensoría del Pueblo, quien a través de sus Oficinas Defensoriales a nivel nacional ha tomado conocimiento de 14 proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, cuya ejecución de obras se encuentra paralizada o existen demoras en la continuación de dichos trabajos. Varios de estos proyectos, localizados en Áncash, Apurímac, Callao, La Libertad , Lambayeque, Moquegua y Tumbes, fueron iniciados el año 2009, invirtiéndose más de 125 millones de soles provenientes de los recursos públicos, inversión que aún no se materializa en beneficio efectivo de la población.
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