Brazaletes electrónicos no beneficiarán a autores de delitos graves

El proyecto de ley aprobado que establece la vigilancia electrónica personal y el uso de los brazaletes electrónicos no favorecerá a quienes hayan cometido delitos graves que superan los seis años de pena privativa de libertad. Este mecanismo contribuirá reducir el alto nivel de hacinamiento en los penales del país, afirmó el ministro de Justicia, Aurelio Pastor.

Luego de saludar la aprobación de la iniciativa legislativa en la Comisión Permanente, el ministro Pastor explicó que este beneficio penitenciario será el resultado de un proceso que se inicia con la presentación de la solicitud respectiva al juez, quien evaluará el caso y debe tener en cuenta que el solicitante no podrá poner en peligro a la sociedad.

Detalló que los brazaletes electrónicos se aplicarán a tres grupos: los procesados por un delito cuya pena máxima es seis años. “Los delitos graves cuya pena máxima es mayor a seis años, no entran en esta posibilidad, además es necesario recordar que las penas dependen del grado de participación de la persona en un delito”, dijo.

El segundo grupo está constituido por quienes fueron sentenciados por un pena máxima de
6 años. “El sentenciado debe haber recibido una pena máxima de seis años, a diferencia de aquéllos que recibieron penas de ocho 0 diez años a quienes no les alcanza este beneficio”, comentó.

El tercer grupo lo conforman quienes acceden a los beneficios de semilibertad o libertad condicional y en este caso también el juez determinará si el interno puede acogerse al beneficio del uso de los brazaletes electrónicos luego de un profundo análisis de cada caso.

Respecto al concurso que se convocará para la contratación del soporte tecnológico detalló que se trata de un contrato de alrededor de ocho millones de soles, a diferencia del costo de una ampliación o construcción de un nuevo penal, que puede superar los más de veinte millones de soles.

El ministro Pastor fue enfático al precisar que para garantizar la transparencia de este proceso se invitará a la Contraloría General de la República y la Comisión de Fiscalización para realizar el seguimiento del proceso.

“El servicio por internos tiene un costo de US$ 7, que incluye el brazalete, el personal y el aspecto tecnológico, a diferencia de los US$ 12 que representa mantener a un interno en los penales del país. El ahorro se observará a mediano plazo”, expresó.

Informó que en un plan piloto para Lima y Callao se proyecta incorporar a 2 mil internos, cifra que dependerá de los pedidos que realicen los jueces que son los encargados de otorgar este beneficio. “También dependerá de los recursos que otorgue el MEF para su implementación”, puntualizó.

Posteriormente, el representante del sector Justicia se presentó ante la comisión respectiva para informar acerca de las actividades que forman parte de la aplicación de la política penitenciaria.

Informó que las acciones realizadas en el tema penitenciario se refieren a las mejoras en la infraestructura penitenciara; la aplicación de los beneficios penitenciarios y el trabajo para la resocialización de los internos.