Toda persona que es denunciada por haber cometido un supuesto delito debe someterse a la justicia para que –después de una investigación y juzgamiento–, se determine su inocencia o culpabilidad. Lo cierto es que en el caso de los ciudadanos extranjeros, muchas veces se enfrentan a un proceso judicial en el que desconocen la forma cómo se les juzgará, las leyes que le son aplicables y hasta el idioma en el que jueces, fiscales o policías se comunicarán con ellos. Este puede ser el caso de alguno de los 1384 extranjeros o inmigrantes que se encuentran internos por mandato judicial en los penales peruanos, según el Informe Defensorial Nº 154 titulado “El sistema penitenciario: componente clave de la seguridad y la política criminal. Problemas, retos y perspectivas".
En el post titulado “Derechos de los inmigrantes privados de su libertad”, escrito por Luis Francia, comisionado del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, se señala que, además de los problemas para comunicarse en su idioma, estas personas carecen de visitas familiares, tienen limitaciones para acceder a los beneficios penitenciarios y –si lograsen algún beneficio o cumplieran con su condena–, afrontan dificultades para permanecer en el país o retornar a sus países de origen. Por ello, es importante una coordinación entre las representaciones diplomáticas acreditadas en el Perú y el Instituto Nacional Penitenciario - INPE, a fin de analizar y resolver la problemática de las personas extranjeras privadas de libertad y, si es necesario, facilitar el retorno a sus países de origen una vez cumplida su condena o si se les otorga algún beneficio penitenciario.
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