Conga: Municipalidades se pronuncian‏

Comunicado de la Red de Municipalidades  Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE.
Ante los conflictos sociales y ambientales, en especial el que se viene desarrollando en la región Cajamarca por el proyecto minero Conga, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú – REMURPE manifiesta lo siguiente:

1.    REMURPE, organización que representa a las municipalidades en el país, que durante sus 12 años de vida institucional ha bregado por defender a las municipalidades, sobre todo por las ubicadas en zonas rurales, tiene entre sus principios la gestión participativa, inclusiva y promotora del desarrollo sostenible, por lo que creemos en el mandato y en el trabajo conjunto con el pueblo. Por ello, creemos que para enfrentar los diversos conflictos sociales que aquejan a nuestro país se requiere de un mayor compromiso del Estado peruano con sus ciudadanos, optando por la prevención y el dialogo en los conflictos y no por la represión que ya ha cobrado muchas víctimas como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo. 

2.    Las Municipalidades, tienen competencias y funciones asignadas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual les exige formular e implementar instrumentos de gestión que rigen el acondicionamiento territorial, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales, agrícolas y la de conservación ambiental en sus respetivas jurisdicciones. Parte de los conflictos y su agravamiento se debe a la ausencia de una Ley de Ordenamiento Territorial el cual debería señalar la política nacional respecto al territorio, sus principales tipos de usos, su relación con las políticas de desarrollo y la conservación de los recursos naturales.

3.    El Título XI de la Ley Orgánica de Municipalidades asigna a las municipalidades y a sus autoridades electas competencias adicionales en la gestión sostenibles de los recursos naturales. 

4.    Los Alcaldes como representantes elegidos democráticamente no pueden permanecer al margen de esta situación, más aún cuando la población exige la defensa de sus recursos, el uso racional y sostenible de los mismos, que no dejen daños ecológicos para las futuras generaciones o la ruina de otras actividades productivas como la agropecuaria 

5.    Consideramos que los últimos acontecimientos dirigidos por el gobierno en Cajamarca previo a la presentación del peritaje internacional, la militarización de la región y en especial de las provincias implicadas; así como el congelamiento de las cuentas del gobierno regional y de las municipalidades por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y la judicialización de los líderes sociales son actos que atizan el fuego de la confrontación.

6.    El Peritaje Internacional llevado a cabo en las últimas semanas y que fue presentado ayer martes 17 de abril, es parte de la solución del conflicto que debe ser evaluado por los diferentes actores involucrados puesto que plantea modificaciones al proyecto original al no negar totalmente los impactos ambientales negativos de darse como está. A pesar que el informe respalda el Estudio de Impacto Ambiental el mismo informe reconoce que se adecuó a la legislación sobre protección ambiental por lo que se puede deducirse limitaciones en la normatividad vigente que no protege decorosamente a la población y biodiversidad. Además de no considerar el impacto del cambio climático.

7.    Todos estos elementos, y en la perspectiva que se evite el escalamiento del conflicto,  nos deben de llevar a hacer esfuerzos por lograr un mayor diálogo entre los diversos actores involucrados: el gobierno peruano, las autoridades locales, regionales y los líderes de las organizaciones sociales. Para buscar la solución adecuada a esta situación que se vive en Cajamarca y que se extiende a diversas partes del país; una solución que busque el consenso y que se encuentre basada no en la imposición de un proyecto sino en la sostenibilidad social, económica y ambiental de los territorios involucrados.

Junta Directiva Nacional 
Perú, 18 de abril del 2012.