PRONUNCIAMIENTOS MADRE MIA Y...‏

PRONUNCIAMIENTOS

MADRE MIA: OPORTUNIDAD PARA ESCLARECER

Se ha hecho público que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos tiene en sus manos una petición de los familiares de dos 
víctimas de desaparición forzada, ocurridas en las cercanías de 
la Base Militar de Madre Mía en el poblado de Pucayacu, Huánuco 
en 1992. Esta denuncia, presentada por la Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos, resulta trascendente debido a la gravedad de 
lo ocurrido y porque uno de los investigados a nivel interno fue  
el Presidente de la República. Al respecto hay que señalar lo 
siguiente: 

1.    La petición de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
tiene como finalidad que el Estado peruano cumpla con la 
obligación de investigar adecuadamente las violaciones a los 
derechos humanos ocurridas en la base militar Madre Mía, las que 
nadie niega que existieron.

2.    Debe tomarse en cuenta que las decisiones del Sistema 
Interamericano están relacionadas solo con las responsabilidades  
de los Estados y no de las personas individuales. En caso se 
termine con un fallo condenatorio a favor de los peticionarios, 
el Estado tendrá la obligación de investigar las denuncias.

3.    La petición fue presentada el 22 de junio de 2010, debido a 
que la Comisión Interamericana solo da seis meses de plazo, a 
partir de notificada la  decisión que agota los recursos 
internos,  para que las víctimas o familiares presenten un caso 
(artículo 32 del reglamento de la Comisión). Como se recordará la 
resolución de la Corte Suprema que archivó  esta causa fue 
emitida el 21 de diciembre del 2009. El único criterio que movió 
la demanda fue el de obtener justicia para las víctimas. 

4.    En relación al caso, a nivel de la Comisión, solo existe dicha 
petición, sin que todavía se haya pasado a la siguiente etapa, 
en la que dicho órgano debe decidir si la admite o no. De ahí 
quedan tres etapas: (i) la posibilidad que el Estado y los 
peticionarios lleguen a una solución amistosa, en base a que el 
Perú acepte su responsabilidad por los delitos de lesa humanidad 
y la mala investigación de los hechos en Madre Mía, (ii) de no 
darse solución amistosa, que la Comisión Interamericana evalúe 
los hechos y decida presentar una demanda ante la Corte 
Interamericana o decida no presentar la demanda, y (iii) la Corte 
Interamericana, luego de un proceso, decidirá si el Estado 
peruano debe o no reabrir el caso para investigar adecuadamente 
estos hechos o puede fallar en contra de los peticionarios y las 
cosas podrían quedar tal como están. 

5.    Más allá de cómo termine esta causa, el Instituto de Defensa 
Legal reitera su convicción que los hechos ocurridos en la Base 
Militar de Madre Mía deben ser investigados de forma eficiente 
por el sistema de justicia peruano, que hasta la fecha no ha 
cumplido un rol adecuado. 

6.    Esa siempre ha sido siempre  nuestra posición, tal como en 
retirada ocasiones lo dijimos  durante el proceso electoral. 
Preferir a Ollanta Humala que al fujimorismo, no implicaba la 
renuncia a investigar el caso Madre Mía. En esa misma línea, 
recientemente el IDL ha pedido por escrito al Ministerio de 
Defensa que diga quién es el "capitán Carlos", responsable de 
ocurrido en Madre Mía.    

7.    Así también creemos que, ante esta demanda, al presidente 
Ollanta Humala y a todas las autoridades les corresponde ayudar a 
esclarecer estos hechos. Constituye una obligación  y al mismo 
tiempo es la gran oportunidad para despejar cualquier tipo de 
duda. 

8.    Sería absurdo que en lugar de actuarse de esta manera, se le 
haga caso a los sectores que, a través de una información 
distorsionada, quieren que se opte, equivocadamente, por la 
estrategia del ataque contra  la Comisión Interamericana. Ello 
sería contrario al derecho internacional (los tratados se 
respetan), y levantaría sospechas a nivel nacional e 
internacional.


Exigimos la inmediata liberación de los trabajadores secuestrados 
y condenamos la violación a los derechos humanos

Frente al secuestro de 40  trabajadores del Proyecto de Camisea 
por parte de lo que queda de Sendero Luminoso,  el Instituto de 
Defensa Legal  plantea lo siguiente:
-    Expresamos nuestra  condena  e  indignación frente a este 
accionar delictivo. El IDL reitera su rechazo a la violencia de 
corte terrorista tal como lo hemos hecho a lo largo de nuestra 
vida institucional.
-    El proceder de la columna senderista liderada por los hermanos 
Quispe Palomino atenta especialmente contra los derechos humanos 
de las poblaciones más vulnerables y no tiene ninguna 
justificación. Con este tipo de actos se revelan ante el país 
como mercenarios y delincuentes aliados del narcotráfico.
-    Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores 
secuestrados y exigimos su liberación de manera incondicional.
-    Por otro lado, instamos a que se realice una profunda 
investigación. No puede ser que en una zona en la que se 
encuentran  militares y policías se sigan sucintado este tipo de 
hechos.
-    La lucha contra la subversión se debe llevar con energía, 
eficacia e inteligencia, para que nuestro país pueda salir, de 
una vez por todas,  de estos  nefastos episodios.

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El Instituto de Defensa Legal es una voz desde la sociedad civil, 
independiente de los partidos políticos, abierta a las opiniones 
plurales de muchos, que trata de combinar capacidad de propuesta 
con la más exigente fiscalización a los responsables de los 
asuntos públicos. 

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