INACEPTABLES ATAQUES CONTRA EL IDL POR PARTE DELACTUAL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL‏

El actual Presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía,
ha venido atacando injustificada y sistemáticamente en las
últimas semanas y a través de tabloides de conocida orientación,
al Instituto de Defensa Legal (IDL) y a sus profesionales. Frente
a ello señalamos lo siguiente:
1.      Lamentamos profundamente que el actual Presidente del Tribunal
Constitucional -organismo constitucional autónomo que siempre
hemos defendido a pesar de cuestionables sentencias en tiempos
recientes-, haya decidido dedicarse en sus últimos meses en el
cargo a tareas subalternas como atacar y acusar
injustificadamente a una institución independiente, violando por
partida doble sus deberes como magistrado contenidos en el
Reglamento normativo del TC: "Tratar con respeto a los abogados y
las partes" (artículo 19.8º) y "Mantener conducta personal
ejemplar, de respeto mutuo y tolerancia, y observar las normas de
cortesía de uso común" (artículo 19.12º). Observar "Conducta
personal ejemplar" y dedicarse a tareas más enaltecedoras como
resolver la creciente carga procesal del TC, es lo que
esperaríamos de un Presidente de este máximo tribunal.

2.      Sobre la acusación que ha lanzado el magistrado Mesía a
nuestra institución de "falta de ética" (diario "Expreso" del 5
de octubre 2010), es falsa y la rechazamos. El IDL siempre ha
actuado y opinado en forma independiente de los partidos
políticos, las iglesias o cualquier otro interés y cuando hemos
criticado públicamente las sentencias suscritas por el magistrado
Mesía, lo hemos hecho en ejercicio de nuestros derechos
constitucionales a las libertades de opinión y expresión y
conforme al principio de formular análisis y críticas de las
sentencias (artículo 139.20º de la Constitución).

3.      De esta manera, siempre hemos mantenido nuestra posición y
nunca hemos faltado a la ética cambiando de parecer al vaivén de
presiones políticas o de cargos públicos. Así por ejemplo, en su
momento saludamos la posición del magistrado Mesía respecto a la
justicia militar policial expresada en las sentencias suscritas
por él en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 (Expedientes Nº  0012-
2006-PI/TC, Nº 00005-2007-PI/TC, Nº 01605-PHC, Nº 01524-2007-HC
Nº 08353-2006-HC/TC y… ). Inclusive, en el fundamento de su voto
en la sentencia del 15 de diciembre del 2006 recaída en el
Expediente Nº 0012-2006-PI/TC, el magistrado Mesía se muestra de
avanzada en esta materia al sostener que "10… aún cuando la
Constitución refiere que los militares son juzgados por los
delitos de función tipificados en el Código de Justicia Militar,
un cuerpo legal de esta naturaleza parece que no tiene cabida,
pues la tipificación de esta clase de delitos bien podría formar
parte de un libro más del Código Penal, ya que la función
punitiva del Estado es una sola y el derecho penal militar y
policial no se insufla de valores y principios situados en la
antípoda del derecho penal ordinario." (Subrayado nuestro).
Precisamente por todo lo anterior, con posterioridad hemos
criticado su cambio radical de posición en la sentencia del 4
diciembre del 2009 (Expediente Nº 00001-2009-AI/TC). En esta
materia específica, por ende, quien ha cambiado de opinión -en
forma injustificada e intempestiva- es el magistrado Mesía y no
nosotros.

4.      La otra acusación que ha lanzado el señor Mesía es contra
algunos de los profesionales de nuestra institución: "Esto es una
falta de ética, porque la Academia sirve para formar jueces… Los
del IDL entran como profesores, califican y ponen notas, aprueban
o desaprueban a los que pretenden ser jueces. Es decir, evalúan,
pero a la vez litigan contigo. Y encima la Academia les paga."
(Diario "Correo" del 12 de octubre del 2010). Nuevamente,
rechazamos esta falsa y ofensiva acusación. Muchos de nuestros
profesionales en derecho ejercen, a la vez, la docencia
universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) y en otras universidades desde hace muchos años y es
conocida su impecable trayectoria docente.

5.      En segundo lugar, no compartimos el mal concepto de jueces y
fiscales que está detrás de esta acusación: los magistrados y las
magistradas no son personas manipulables sino profesionales con
opiniones propias con los que en ocasiones hemos coincidido o
discrepado en el seno de los cursos impartidos por la Academia de
la Magistratura y en una atmósfera de tolerancia y mutuo respeto.
Por lo demás, nunca hemos ocultado -todo lo contrario- nuestra
pertenencia a una institución de la trayectoria del IDL.

6.      En tercer lugar, tampoco ocultamos que el IDL defiende, a
nivel nacional e internacional, casos de interés público en
materia de derechos humanos, estado de derecho y lucha contra la
corrupción. No defendemos intereses privados sino acciones de
interés público, en forma similar al magistrado Mesía cuando era
abogado del Congreso de la República; a nadie se le ocurrió
entonces descalificarlo para que ejerza la docencia universitaria
o en la Academia de la Magistratura. Además, ¿por qué sólo le
parece mal que abogados del IDL enseñen en la AMAG y no otros
profesionales que pertenecen a estudios de abogados o a
instituciones públicas -como el TC- o privadas y que también son
profesores en la AMAG?

7.      En cuarto lugar, la Academia tiene contratos, procedimientos y
reglamentos que siempre hemos respetado, en el marco de la
libertad de enseñanza o de cátedra consagrado en el artículo 13º
de la Constitución y que el propio estatuto de la AMAG reitera:
"Los profesores, en el cumplimiento de sus funciones, deben
observar las más exigentes normas de conducta ética, desempeño
profesional, respeto a las opiniones y persona de los discentes,
sin perjuicio de la libertad de cátedra…" (Subrayado nuestro)
(artículo 42º del Estatuto de la AMAG, Resolución Nº 022-2001-
AMAG-CD del 17 de abril del 2001). Por ende, rechazamos esta
acusación del magistrado Mesía no sólo por falsa sino porque
además está dirigida a vulnerar el principio de libertad de
enseñanza consagrado en la Constitución y la libre circulación de
ideas, pilar central de todo Estado democrático de derecho;
paradójicamente, en el Perú la libertad de cátedra siempre fue
defendida por personajes como Haya de la Torre, al cual el
magistrado Mesía seguramente admira.

Rechazamos pues estas acusaciones por falsas y por provenir de un
Presidente del TC que no mostrado la grandeza ni las virtudes que
este cargo requiere. Felizmente, las personas pasan y las
instituciones quedan, tomamos estos ataques de quien viene y
estamos convencidos que el TC recuperará el prestigio que tuvo
hasta hace poco.