La ministra de Justicia, Rosario Fernández, dijo que no hubo una “suspensión” ni “alteración” sobre la entrega del nuevo Código Procesal Penal del Callao Lima Norte, y la norma será dada completa en el 2013.
“Se cumplirá la primera entrega para el primer día de junio, que establece la implementación en el distrito judicial de El Santa (Chimbote) y para el 15 de enero del 2011, la implementación del código a nivel nacional para temas de anticorrupción”, dijo.
Sostuvo que junto a la Fiscalía de la Nación, Ministerio Público, Poder Judicial y Ministerio de Economía se ha logrado un consenso conforme al cual se continuará con la implementación del código pero reordenando el cronograma.
Dichas declaraciones las formuló después de realizar una visita de trabajo a la Procuraduría Anticorrupción, que lidera el procurador Jorge Luis Caldas.
Procuraduría Anticorrupción
El procurador público especializado en delitos de corrupción, Jorge Luis Caldas Malpica, informó que la procuraduría que dirige tiene en la actualidad una carga procesal de 7 mil 042 procesos en las procuradurías públicas anticorrupción descentralizadas, mientras que sólo en Lima un total de 1,863 procesos.
De otro lado, informó que frente a la Ley N° 29574, Ley que dispone la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos y que entrara en vigencia a mediados de enero del próximo año, asumirá una carga procesal de aproximadamente 8000 casos.
“En nuestro caso con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal, sólo en Lima tendremos 528 casos en etapa preliminar y 335 en etapa de instrucción. Mientras que en provincias será de 890 y 1,571 en el orden antes mencionado”, resaltó.
Caldas Malpica, señaló que la competencia material de la procuraduría a su cargo, está referida a los delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, peculado y concusión (tipo general genérico).
Cabe señalar, que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, fue creada por Decreto Legislativo 1068, promulgado el 28 de junio del 2008 e inició de actividades en febrero del 2009, al absorber la Procuraduría Pública Ad Hoc Anticorrupción.
“Desde la creación de la Procuraduría Publica Especializada en Delitos de Corrupción, la defensa adecuada de los intereses del Estado para los casos de corrupción, está garantizada; y nuestra participación activa mediante el sinceramiento de causas, a las diligencias jurisdiccionales”, refirió.
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