PRONUNCIAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS EN MATERIA PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

AL SEÑOR JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA,


Los jueces superiores de las Salas Penales de Apelaciones y Sala Penal Liquidadora, jueces especializados de los Juzgados de la Investigación Preparatoria, Juzgados Unipersonales, Juzgados Liquidadores, jueces de los Juzgados Mixtos y Juzgados de Paz Letrado que asumen competencia penal del Distrito Judicial de La Libertad que suscriben, emiten el siguiente pronunciamiento:

1) En mérito a las declaraciones vertidas por el Doctor Enrique Mendoza Ramírez, Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), en el marco de una conferencia de prensa específicamente convocada para el día de ayer jueves 19 de los corrientes, la misma que ha sido difundida y comentada en diferentes medios periodísticos de emisión y circulación regional y nacional, hemos tomado conocimiento que, a raíz de la Visita Ordinaria realizada por la OCMA en nuestra sede judicial los días 21,22 y 23 de marzo de 2011, se habrían iniciado sendas investigaciones disciplinarias contra 21 jueces penales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, cuya identidad se ha preferido mantener en reserva para no afectar el “debido proceso disciplinario”.
2) Tal investigación, según se desprende de las informaciones periodísticas, estarían vinculadas a supuestas liberaciones indebidas otorgadas por dichos jueces a favor de un número de 270 peligrosos delincuentes pertenecientes a las principales bandas criminales que operan en nuestra región, barajándose causas como “error, benevolencia de los magistrados, corrupción o temor de los mismos”; por lo que dicha investigación, según palabras del Jefe de la OCMA “evaluará los motivos legales que el magistrado tuvo en cuenta para otorgarle el beneficio penitenciario de libertad y definir si estuvo correcto”.
3) Sobre el particular, consideramos necesario expresar nuestra profunda preocupación: en primer lugar, por la forma en que se ha publicitado un tema tan delicado que involucra el desempeño de los jueces penales de las diferentes instancias de nuestra Corte Superior de Justicia, mas cuando se utiliza el rotulo de “liberaciones indebidas”; en segundo lugar, porque se ha convocado a una conferencia de prensa afirmando haberse dado inicio a una investigación contra 21 jueces del Distrito Judicial de La Libertad, sin que los mismos hayan sido previamente notificados sobre los cargos formulados en su contra, para poder ejercitar su derecho a la defensa; en tercer lugar, porque si bien no se han publicado los nombres de los investigados, no se ha reparado en el impacto que dicho comunicado pudiera tener en la imagen y aceptación del propio Poder Judicial, de sus jueces y trabajadores, en especial los que laboran en el área penal de nuestra sede jurisdiccional, tal es así que las repercusiones se han dejado notar inmediatamente en los principales diarios de nuestra localidad; en cuarto lugar, porque no se puede generalizar como causas de supuestas liberaciones aspectos tan sensibles como “corrupción” o “temor” de los magistrados. De comprobarse estos casos, los mismos deben ser severamente sancionados con la destitución, porque los jueces no pueden actuar bajo el auspicio de la prebenda o sometidos por la intimidación, pero resulta inaceptable que se imponga una sanción por haber resuelto dentro del marco de la Ley; en quinto lugar, porque el número de supuestas excarcelaciones indebidas denotan una información cuantitativa que, a priori, no se condice con la realidad, pero que, a la postre, podrían conllevar a la imposición de sanciones disciplinarias.
4) Al respecto, la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la independencia de los jueces en las decisiones que adopten dentro del marco constitucional y legal; por lo que se encuentra proscrita cualquier forma de intromisión externa o interna; en ese sentido, quienes suscribimos -todos jueces penales en ejercicio de las diferentes instancias- somos respetuosos y nos sometemos a cualquier investigación promovida por los órganos competentes para que se diluciden aspectos presuntamente irregulares; pero, tal investigación debe respetar los principios básicos de defensa y contradicción, reserva, presunción de inocencia y sobre todo objetividad, porque se persigue evaluar decisiones jurisdiccionales que han sido emitidas bajo la garantía de la independencia judicial que proclama nuestra Ley Fundamental, lo cual no necesariamente exime de sanción, pero esta debería imponerse cuando exista una notoria contravención a la Ley y bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Por estas consideraciones:

I.- SOLICITAMOS al señor Presidente del Poder Judicial para que dentro del marco de su política de la gestión disponga las medidas tendientes a preservar el adecuado manejo de la información por parte del Órgano de Control de la Magistratura del Poder Judicial.

II.- SOLICITAMOS al señor Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura para que, en lo sucesivo, se mantenga la reserva de la investigación disciplinaria que se hubiere promovido contra los jueces penales de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y se respete la dignidad y la honra de los magistrados de este Distrito Judicial mientras no se establezca su responsabilidad funcional.

III.- EXHORTAMOS a los medios de prensa a comunicar los hechos con respeto a la dignidad del Poder Judicial y de sus magistrados, en especial a la garantía constitucional de presunción de inocencia.

Trujillo, Mayo del 2011