Ministerio Público desechó argumentos de Procuradora Regional
La Segunda Fiscalía Superior Penal archivó definitivamente la denuncia por avocamiento indebido en agravio del Gobierno Regional de La Libertad que le interpuso la Procuradora Hilda Pereyra Araujo por la caso de la formalización del mercado APIAT.
Como se recuerda esta denuncia tuvo gran eco en la época electoral interna del partido Aprista, incluso llegando a motivar una presentación en el Congreso para explicar el caso por parte del ex jefe de COFOPRI, quien permanentemente se ratificó en la legalidad de lo actuado por la institución que dirigió.
En una amplia investigación fiscal desarrollada por la Dra. Celia Esther Goicochea Ruiz, titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal, se determinó infundada la denuncia luego de recibir las manifestaciones de Abraham Reyes Fernández, Presidente del APIAT; de María Dolores Gómez Espíritu, anterior Jefe de COFOPRI que dirigió el proceso en su última etapa; de la Dra. Patricia García Zamora, registradora de la Zona Registral V La Libertad, quien aseguró que se procedió a autorizar la nueva Partida Electrónica desmembrando el terreno en cuestión, pues se ajustaba a ley, ya que se había verificado la competencia de COFOPRI, y los antecedentes del caso, sobre la duplicidad de resoluciones aseguró que fue un simple error administrativo pues la Resolución Jefatural de COFOPRI fue devuelta para ser subsanada, lo cual es una práctica común, el error estuvo en el archivo de la versión en borrador, pero todo se ajustó a los procedimientos administrativos.
La resolución fiscal determinó que el proceso de formalización empezó en el año 2001, cuando el Mercado APIAT fue incluido en la Quinta Campaña de Privatización de Mercados aprobada por Resolución N° 175-2001-COFOPRI/GPO, bajo el marco legal de la Ley N° 27304 “Ley de adjudicación de lotes de propiedad del Estado Ocupados por Mercados” mientras que la demanda por reivindicación que interpuso el Gobierno Regional fue posterior, hecha en el 2003 ante el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, que incluso declaró IMPROCEDENTE la demanda, sentencia confirmada por la 2da Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, archivándose el proceso.
Por ello la Fiscalía encuentra un sólido sustento legal en el proceso seguido por COFOPRI. Además en un punto crucial de la demanda, asegura que dos simples oficios del Gobierno regional solicitando la inhibición de COFOPRI en este caso al haber un proceso judicial, no eran competentes, pues la Ley de Procedimientos Administrativos señala que tiene que haber concordancia entre la cuestión de fondo es decir entre el proceso judicial que era por una reivindicación de pagos por alquiler entre el Gobierno Regional y la APIAT, y el proceso de formalización que trataba sobre la propiedad, la cual ya estaba judicialmente establecida a favor de COFOPRI, lo cual desvirtúa finalmente el presunto delito de avocamiento indebido.
Esto se suma a la desestimación del delito de falsedad genérica, sustentado en las declaraciones mencionadas de la registradora Dra. Patricia García Zamora, lo cual lleva finalmente a declarar infundada la demanda, con lo que termina definitivamente el caso.
Martín Sifuentes, por su parte expresó: “esta resolución no hace sino confirmar lo que dije desde un primer momento, el proceso de formalización de APIAT tiene un sólido sustento legal, la razón de ser de COFOPRI es FORMALIZAR y no arrebatar terrenos y venderlos al mejor postor como algunos plantean, entiendo que el tema se trató dentro de un contexto electoral interno, pero queda la satisfacción de haber apoyado a un numeroso grupo de microempresarios trujillanos para seguir aportando a su región con su trabajo diario, además de ver como otras instituciones como la municipalidad siguen el ejemplo y ya empiezan a formalizar otros mercados, el sector pyme trujillano se encuentra en competencia con grandes corporaciones y si nosotros no lo apoyamos nadie más lo va a hacer”.
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