Personas con recursos deberán pagar por asesoría legal de defensores públicos, anuncia ministro Jiménez

Al asumir Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, asegura continuidad de políticas anticorrupción

Las personas con recursos económicos, entre ellas muchas acusadas de delitos de corrupción, deberán pagar por los servicios de asesoría legal que brindan los defensores públicos a quienes no cuentan con un abogado, anunció el flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor.
“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos va a comenzar a cobrar en los casos de personas que, por maniobras judiciales, quieren que el Estado los defienda (…) La línea de trabajo de defensa de víctimas la vamos a implementar”, explicó.
Fue al asumir oficialmente el cargo al que juramentó en la víspera, ceremonia en la que ofreció también mantener las políticas anticorrupción y de promoción de derechos humanos impulsadas por este sector.
Jiménez Mayor, abogado con maestría en Derecho Constitucional, recibió el cargo de manos del saliente extitular de este portafolio, Francisco Eguiguren Praeli, quien, en sus palabras de despedida, destacó el cambio de nombre del sector, la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y la reingeniería de la Procuraduría Anticorrupción.
Juan Jiménez Mayor felicitó la gestión de su antecesor y subrayó que se buscará que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se convierta en el órgano rector que establezca los grandes lineamientos sobre la materia.
“Buscaremos establecer una suerte de Superintendencia o Contraloría en Derechos Humanos y que en el país podamos tener un sistema de protección coherente, y que dignifique al ser humano”, expresó.
Al saludar el relanzamiento de la Procuraduría Anticorrupción como una de las importantes medidas adoptadas por Francisco Eguiguren, el ministro Jiménez Mayor señaló que se está desarrollando el proceso de designación de procuradores en el interior del país.
“Este replanteamiento vincula una nueva forma de litigio en el país, para que los procuradores incorporen dentro de sus funciones una estrategia inteligente de defensa del Estado (…) Esto plantea una urgente reforma del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, dijo.
Lamentó que, en los últimos tres años, sólo se hayan recuperado 29 millones de nuevos soles, por concepto de reparación civil, y que el 50% de ese monto provenga de las procuradurías públicas especializadas en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio, y de Corrupción.