lunes, 30 de noviembre de 2009

Cambios en calendario del nuevo Código Procesal Penal beneficiará a usuarios

Informa secretario técnico, Rafael Donaire

La modificación del calendario de la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) beneficiará a los usuarios de justicia porque permitirá, mediante el uso de este instrumento jurídico, agilizar los procesos judiciales, informó el secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del NCPP, Rafael Donaire Otárola, tras comentar el D.S N°016- 2009-JUS.
Según el Decreto Supremo 016- 2009-JUS, publicado hace algunos días, la modificación del calendario del NCPP queda establecido de la siguiente forma: en el año 2009 se aplicará el texto legal en los distritos judiciales de Ica y Cañete, con lo cual se agregarán a los lugares en los cuales ya se empezaron aplicar durante este año como Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno, Cusco y Madre de Dios.
Para el 2010 se aplicará el mencionado código en Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash y Santa: mientras para el 2011 se realizará en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Huánuco Pasco y Junín.
Finalmente para el 2012, el NCPP estará implementado en Ucayali, Loreto, Callao, Lima Norte y Lima.
Donaire Otárola explicó que la anterior norma, el D.S. N° 005-2007-JUS, precisaba que el calendario de aplicación del NCPP terminaba en el 2013, pero ahora, con el adelanto de esta herramienta jurídica, culminará en el 2012.
Sostuvo que un ejemplo es el adelanto de la vigencia del NCPP en Ica y Cañete para el 1 de diciembre, que en un inicio estaba previsto para el 1 de octubre del año 2010.
“Y es importante que se haya concretado en la gestión del ministro Aurelio Pastor. Es un logro porque agiliza los procesos y fomenta la garantía del respeto de los derechos fundamentales en el debido proceso como lo establece la Constitución”, dijo.
Agregó que el Ministerio de Justicia realiza capacitaciones constantes en Ica, Cañete y en los lugares en los cuales se aplicará el NCPP. Refirió que dichos talleres de sensibilización cuentan con la participación de todos los operadores del sistema judicial.

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