El Ministerio de Justicia presentó esta mañana a los dos nuevos procuradores públicos especializados encargados del cobro de reparaciones provenientes de sentencias condenatorias por los delitos de corrupción y por los delitos de terrorismo.
El presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Daniel Figallo Rivadeneyra, fue el encargado de presentar al Procurador Público Especializado en el cobro de reparación civil en casos de corrupción a Julio César Roca Fernández; y al Procurador Público Especializado en el cobro de reparación en casos de terrorismo, Juan Farfán Martínez.
Figallo Rivadeneyra aclaró que con la creación de ambas procuradurías no se duplicaría la función con las procuradurías anticorrupción y de terrorismo que ya existen, puesto que se tratan de estrategias distintas.
“Lo que buscan estas procuradurías es involucrar dos aspectos: la devolución y el pago de daño causado, para lo cual supone una estrategia como la persecución de bienes” señaló en conferencia de prensa realizada en el auditorio de la sede ministerial.
Deuda de corrupción
En otro momento, el mencionado funcionario informó que se trata de recaudar 904 millones 182 mil 208 nuevos soles originados por 84 procesos concluidos con más de 100 sentenciados.
Durante la conferencia de prensa, el doctor Julio César Roca anunció que entre los deudores que deben al Estado, destacan el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, que tiene una deuda pendiente de más de 170 millones de soles; el ex ministro de Agricultura Absalón Vásquez que debe más de 18 millones de soles; el general (r) Nicolás de Bari Hermoza Ríos con más de 15 millones, el ex premier Víctor Joy Way con más de 11 millones.
De igual forma, la ex Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán con más de 1 millón y medio; la conductora de televisión Laura Bozzo con 30 mil nuevos soles, entre otras personalidades como ex magistrados del Poder Judicial, periodistas y personajes de la farándula.
Deuda de terrorismo
Por su parte, el procurador Farfán tendrá a su cargo la recuperación del pago de 3 mil 783 millones 994 mil 345 nuevos soles como reposición de daños ocasionados al Estado por parte de sentencias condenatorias por delitos de terrorismo.
El procurador Farfán, comparó las millonarias indemnizaciones que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a los pocos montos que dicta la justicia peruana.
“Existen casos como el señor Castillo Petruzzi y otros terroristas vienen reclamando ante la CIDH que se le pague una indemnización, sin embargo ellos todavía tienen una deuda pendiente con el Estado”, declaró.
Figallo explicó que el cobro de dichas reparaciones civiles se realizará a través de embargos y solicitudes de nulidad de actos jurídicos en venta de inmuebles, demanda de alimentos, entre otros.
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