Juramentan 7 nuevos procuradores públicos en el Minjus

En ceremonia protocolar realizada en el auditorio institucional del Ministerio de Justicia, el ministro del sector, Víctor García Toma, juramentó a 7 nuevos procuradores, quienes defenderán los intereses del Estado en diferentes campos.

Los nuevos procuradores son: Manuel Álvarez Chauca como Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Terrorismo; María Angelita Pozo López como Procuradora Pública de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales; Jorge Antonio Guizado Salcedo como Procurador Público del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI.

También juramentaron: Julio César Roca Fernández como Procurador Público Especializado en el cobro de reparación civil proveniente de sentencias condenatorias por delitos de corrupción y otros delitos conexos tipificados en el Código Penal; Héctor Aníbal Bejarano Lira como Procurador Público Adjunto Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Procesos de Pérdida de Dominio.

Finalmente, José Mario Prada Córdova juramentó como Procurador Público Adjunto del Ministerio de Educación; y Juan Paulino Farfán Martínez como Procurador Público Especializado en el cobro de reparaciones civiles provenientes de sentencias condenatorias por delitos de terrorismo.

Dicho evento se realizó con presencia del presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Daniel Figallo Rivadeneyra y del viceministro de Justicia, Luis Marill del Águila. Ambos funcionarios reconocieron las altas cualidades éticas y las capacidades intelectuales y académicas de los procuradores.

“Los profesionales que han sido convocados son personas éticas y de comprobada capacidad académica. La hoja de vida de cada uno de ellos ha sido determinante para su elección”, dijo el viceministro de justicia, Dr. Luis Marill del Águila.

Los procuradores ejercen la defensa de los intereses del Estado y asumen la defensa de la sociedad, es una labor sacrificada y poco reconocida. La intervención de los Procuradores Públicos es a nivel nacional, supranacional e internacional ante todas las instancias judiciales, administrativas y arbitrales, en las que se discutan derechos e intereses del Estado.