El Ministerio de Justicia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de realizar 3 cursos que permitan capacitar y brindar asistencia técnica a defensores públicos en materias vinculadas con el nuevo modelo procesal penal.
La suscripción del convenio estuvo a cargo del viceministro de Justicia, Luis Marill del Águila y el representante de la CICR para Ecuador, Bolivia y Perú, Cédric Schweizer. En el acto estuvo presente el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien destacó la labor que realiza la Cruz Roja Internacional en el tema de derechos humanos.
“La celebración de este convenio nos place mucho porque va a contribuir, de manera muy significativa, para que la defensa pública -que cumple una importante labor- cuente ahora con medios adicionales para que esta tarea sea optima y así brindar a las personas el marco de protección que merecen”, precisó el titular de Justicia.
Por su parte, el representante de la CICR Cédric Schweizer señaló que este convenio reafirma el compromiso de su institución de apoyar al Minjus. “La CICR reafirma su compromiso de seguir apoyando las iniciativas del Ministerio de Justicia en el fortalecimiento del sistema de defensa pública, facilitando herramientas técnicas e informativas a los defensores, orientadas a objetivos que ambas instituciones buscamos”, acotó.
En dicho acuerdo se informa que la realización de dichos cursos serán 2 en Lima y 1 en provincia, y que buscarán complementar y perfeccionar capacitaciones previamente recibidas.
Asimismo acuerdan redactar y publicar un Manual de Beneficios Penitenciarios y Derecho Procesal Penal y trípticos de beneficios penitenciarios para utilizarse en campañas de difusión en establecimientos penitenciarios.
También ambas instituciones acuerdan implementar las recomendaciones que resulten aplicables contenidas en el Informe “El Derecho a la Defensa de los Privados de Libertad en el Perú: Diagnóstico y Aportes para el Fortalecimiento de cara al Nuevo Modelo Procesal Acusatorio” en las Direcciones Distritales de Defensa Pública donde sea aplica el Nuevo Código Procesal Penal.
El plazo de vigencia de dicho convenio es de dos años y puede ser prorrogado, previa aceptación de las partes y evaluación de los objetivos alcanzados.
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