lunes, 11 de mayo de 2009

El 54% de la población penitenciaria de LL se encuentra en condición de procesada


Solo 46% ha sido sentenciada

En cárceles de La Libertad existen 1,635 presos

¿Cuántas cárceles funcionan en tu departamento? ¿A cuánto asciende la población penitenciaria? ¿Cuál es la situación jurídica de los presos? ¿Qué prisiones registran los mayores niveles de hacinamiento? Según la investigación de CAD Ciudadanos al Día, en base a cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en La Libertad existen 1,635 presos en los 3 establecimientos penales que administra el INPE en el departamento.

Según su situación jurídica, el 54% de la población penitenciaria de La Libertad (883) se encuentra en condición de procesada, es decir su juicio todavía está en curso, en tanto que el 46% (752) ha sido sentenciada.


A nivel departamental, la mayoría de la población penitenciaria se concentra en Lima (40%), Callao (6%), Piura (5%), Junín (4%) y La Libertad (4%). En el extremo de la lista se encuentra Pasco con solo 120 internos. Asimismo, del número total de cárceles del país, 12 se ubican en Lima, 8 en Cajamarca, 8 en Cusco, y 6 en Junín.

En promedio, el Callao alberga el mayor número de internos por cárcel (2,581), seguido de Lambayeque (1,519), Lima (1,439), Ica (1,281) y Ucayali (1,174), mientras que el promedio más reducido de internos corresponde a Apurímac (94).

Hacinamiento en cárceles
Entre los años 2006 y 2008 la población penal del país aumentó en 16%, lo que ha agudizado el problema del hacinamiento en las cárceles. Siete de las ocho Direcciones Regionales que agrupan a todos los establecimientos penitenciarios del país sobrepasan su capacidad poblacional. El caso más grave lo registra la Dirección Regional de Lima -que comprende Ancash, Callao, Ica y Lima- donde se sobrepasa la capacidad instalada en 120%. Es decir, existen 22 mil presos hacinados en 16 prisiones con capacidad total para atender a un máximo de 10 mil internos.

Buenas Prácticas
“Si bien todavía queda mucho por mejorar en las condiciones de las cárceles, existen experiencias que buscan dar soluciones, como la del INPE que instaló un Centro de Operaciones Tecnológicas para el registro y detección de huellas digitales de los internos, mediante el cual se redujo el tiempo de inscripción de internos y de emisión de antecedentes judiciales de 10 días a unos pocos minutos. Del mismo modo, el Poder Judicial implementó el Registro Nacional de Condenas, gracias al cual se agilizaron los trámites para la obtención de Certificados de Antecedentes Penales, que hoy se pueden obtener en solo 10 minutos”, manifestó Juan Carlos Cortés, presidente de Ciudadanos al Día.

“Otra buena práctica identificada por CAD es la de la Fiscalía del Módulo Básico de Justicia de El Agustino, que aplicó el modelo de Justicia Restaurativa, por el cual se excluye del proceso judicial a adolescentes con un alto potencial de recuperación y se les deriva a un programa educativo, a cargo de especialistas en las áreas legal y psicosocial, que lo revincula con su comunidad”, planteó Cortés.

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