El 21 de abril de 2013, el programa Punto Final de
Frecuencia Latina TV denunció que el reportero Roberto Ramírez y sus camarógrafos,
Jorge López y Orlando Cánepa, recibieron amenazas de muerte, tras haber
propalado una semana antes un vídeo que compromete en actos de corrupción al
alcalde provincial de Talara, Rogelio Trelles, quien además interpuso una
acción de hábeas corpus para impedir, sin éxito, que se propale una segunda
parte del reportaje. El espacio en mención se emite desde Lima,
capital del país.
La denuncia la hizo pública el director y conductor de
Punto Final, Nicolás Lúcar, antes de emitir el reportaje “Corrupción en Talara”
y anotando que el hábeas corpus al que calificó de “vergonzoso” Trelles lo
presentó en un juzgado del Callao, Lima. Talara es una provincia de la Región
Piura, al norte del Perú, conocida por tener los asientos, plantas extractoras
y procesadoras de petróleo más importantes del país.
La primera parte del reportaje de Ramírez muestra un
video, filmado con cámara escondida, en que el Trelles conversa con un
contratista sobre la suma 210 mil soles que se habría pagado –a modo de
soborno- por la adjudicación de una obra, pero en el que además el alcalde
reconoce otras dos fuertes sumas, S/. 70 mil y S/. 85 mil, que habría recibido
como pagos irregulares.
Pese a la contundencia de las pruebas y a que se
esperaba una acusación más frontal de parte del Ministerio Público, al alcalde
Trelles se le ha abierto apenas una investigación preliminar que debe tomar 40
días. La investigación la tiene a cargo un fiscal cambiado unos días después de
la emisión del explosivo reportaje, Pedro López, quien más bien ha pedido por
escrito al periodista le alcance el material exhibido y verbalmente le ha
insistido dos veces que revele el nombre de su fuente, desconociendo la reserva
del secreto profesional.
Roberto Ramírez contó al IPYS que desde la primera vez
a Talara recibía de parte de sujetos que caminaban cerca de él y sus
camarógrafos, amenazas de que se cuidaran porque les iban a hacer daño saliendo
del hotel donde se hospedaban. Incluso de una motocicleta un sujeto se les
acercó con un ademán como queriendo sacar un revolver de su chaqueta pero que
al final fueron papeles con nombres de supuestos periodistas que trabajarían al
servicio del investigado alcalde.
Para el abogado asesor del IPYS, Roberto
Pereira, la vía procesal que supone el habeas data que ha usado
Trelles no es la correcta para discutir el derecho al honor; pero
el solo hecho de pretender impedir la difusión de contenidos y que no se le
investigue periodísticamente como autoridad, es manifiestamente ilícita, pues
supone censura previa, una clara afrenta a la libre expresión.
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