Al conmemorarse 10 años de la publicación de la Ley N ° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública , el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, invocó al Estado a fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública en todos y cada uno de los ámbitos de la administración estatal. Al hacer un balance de lo avanzado y las tareas pendientes en este ámbito, el funcionario resaltó que un importante aporte de esta ley es haber permitido comenzar a romper con la denominada “cultura del secreto”, expresada en la renuencia de algunos funcionarios públicos a proporcionar información sin una justificación válida. Destacó, la puesta en marcha del portal de transparencia estándar que presenta información de interés general de manera accesible a la ciudadanía.
Asimismo, reiteró la necesidad de crear una Autoridad Nacional autónoma, especializada e imparcial en materia de transparencia y acceso a la información pública. Ella estaría llamada a promover una cultura de la transparencia y de respeto al derecho de acceso a la información pública, capacitar y brindar apoyo técnico a los funcionarios públicos y promover los cambios normativos en la materia.
Eduardo Vega, reitera propuesta de crear una Autoridad Nacional autónoma, especializada e imparcial que fiscalice y garantice el ejercicio de este derecho.
Al conmemorarse mañana, 3 de agosto, 10 años de la publicación de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, invocó al Estado a fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública en todos y cada uno de los ámbitos de la administración estatal.
Al hacer un balance de lo avanzado y las tareas pendientes en este ámbito, el funcionario resaltó que un importante aporte de esta ley es haber permitido comenzar a romper con la denominada “cultura del secreto”, expresada en la renuencia de algunos funcionarios públicos a proporcionar información sin una justificación válida. Destacó, la puesta en marcha del portal de transparencia estándar que presenta información de interés general de manera accesible a la ciudadanía.
Además indicó que ha resultado positivo que algunas instituciones hayan adoptado como política la creación y el fortalecimiento de sus portales institucionales, así como el uso de otras herramientas informáticas como facebook, twitter, blogs, para colocar información a disposición de los ciudadanos y ciudadanas.
No obstante lo avanzado - dijo Vega - se advierte la necesidad de asegurar que la población conozca y utilice la norma, que se diseñe un sistema de capacitación permanente para funcionarios públicos a fin de que observen el principio de máxima publicidad y cumplan con justificar por escrito las razones por las cuales no se permite el acceso de determinada información, conforme a la jurisprudencia nacional e internacional sobre la materia.
En esa línea indicó que, durante el año 2011 la Defensoría del Pueblo recibió un total de mil 118 quejas por incumplimiento para acceder a solicitudes de información. En lo que va del presente año, se han registrado 665 quejas por este mismo concepto.
Los principales motivos que invocan las personas son: el incumplimiento del plazo para entregar la información, el establecimiento de cobros ilegales y arbitrarios, la entrega de información incompleta y el incumplimiento del deber de designar funcionarios responsables.
Además, el Defensor del Pueblo resaltó la urgencia de revisar la normatividad en materia de destrucción, pérdida y reconstrucción del archivo documental como condición indispensable del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Por todas estas consideraciones, el Defensor del Pueblo reiteró la necesidad de crear una Autoridad Nacional autónoma, especializada e imparcial en materia de transparencia y acceso a la información pública. Ella estaría llamada a promover una cultura de la transparencia y de respeto al derecho de acceso a la información pública, capacitar y brindar apoyo técnico a los funcionarios públicos y promover los cambios normativos en la materia.
Una Autoridad Nacional sería competente para resolver imparcialmente los conflictos entre la administración y los ciudadanos ante la negativa injustificada de entrega de la información, fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos e imponer las sanciones cuando se justifique.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso y disposición para colaborar con las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo en el objetivo de lograr el pleno cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública.
Lima, 2 de agosto del 2012.
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