martes, 15 de febrero de 2011

Plantean reformular ley de desarrollo agrario

Werenshon Ramos Gonzales, candidato a congresista por Perú Posible
 “Trabajadores de las agroexportadoras deben tener empleo digno”, señala

“Los miles de trabajadores que laboran en las agroexportadoras deben acceder a un empleo digno, sin que esto signifique que las empresas agroexportadoras dejen de producir o pierdan competitividad”, advirtió ayer Werenshon Ramos Gonzales, candidato al Congreso de la República por Perú Posible.
Recordó que la ley de promoción del sector agrario 26865, promulgada en octubre de 1997 exoneró del impuesto mínimo a la renta, seguro agrario, contribución al Fonavi y al impuesto extraordinario a los activos netos, entre otros beneficios a las empresas que opten por el desarrollo en el campo agrícola.
“En aquella oportunidad el Estado asumió, además, el pago de los derechos arancelarios de fertilizantes, pesticidas y equipos de riego y liberó a las empresas de la responsabilidad del pago de IGV y estuvo muy bien porque fomentó la inversión y el desarrollo del sector agrario”, anotó.
La citada norma comprendió a las personas naturales o jurídicas dedicadas a cultivos o crianzas, con excepción de la avicultura, agroindustria y la industria forestal.
Tres años después, el gobierno de Alberto Fujimori promulgó la ley 27360 en octubre de 2000 e incorporó a la actividad avícola (que utilice maíz amarillo duro nacional) y al sector agroindustrial.
“Al amparo de esta ley, muchas exitosas empresas agroindustriales se beneficiaron con las medidas de promoción agraria pero también se originó un régimen laboral con menores obligaciones empresariales para con sus trabajadores”, añadió el candidato por Perú Posible.
Sin embargo, dijo, el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos abrió las puertas del mercado norteamericano a productos peruanos como el espárrago (blanco y verde), el pimiento páprika y el piquillo, paltas, entre otros.
“Estamos de acuerdo con esa negociación internacional que fue gestada durante el primer gobierno del presidente Alejandro Toledo, quien jugó un rol personal y preponderante en ese acuerdo, pero nos parece que es momento de analizar no sólo la competitividad de las empresas sino de tomar en cuenta las condiciones de trabajo de miles de personas de los valles liberteños y otros lugares del país”, manifestó Ramos Gonzales.
“Es hora de hablar de inclusión y el éxito y la bonanza deben ser para todos, fundamentalmente para los trabajadores del campo. No hay que olvidar que sólo el Proyecto Especial Chavimochic reporta oficialmente más de 40 mil empleos permanentes en el campo y en las plantas de procesamiento”, manifestó.
El ex prefecto de Trujillo consideró también que los beneficios del TLC con Estados Unidos deben alcanzar a los millones de micro y pequeños agricultores peruanos y para ello el Estado debe concertar medidas coherentes, con recursos, para pensar en términos de reconversión agraria.
Agua para Chavimochic
Por otro lado, Werenshon Ramos señaló que la represa de Palo Redondo, primera fase de la tercera etapa de Chavimochic, es uno de los principales temas de desarrollo para la región La Libertad “y como tal debe ser consensuado entre las autoridades del Gobierno Central, Regional y las empresas representadas en la Junta de Usuarios de Riego Presurizado del distrito de riego Moche, Virú, Chao”.
“Hay un entrampamiento ocasionado por la intemperancia del actual presidente Alan García que ha devenido en una acción judicial presentada por los empresarios por el incremento de la tarifa del agua. Es momento de pensar en los miles de trabajadores que esperan una solución inmediata para sus problemas. Yo les garantizo que el gobierno del presidente Alejandro Toledo sentará a todos los involucrados en una misma mesa para salir de esta especie de agujero negro”, acotó Ramos Gonzales.

Tenga en cuenta
Antes de la reforma agraria
El agro perdió su importancia dentro de la estructura del PBI (14.2 por ciento en 1950, 10.73 por ciento en 1960 y 8.1 por ciento en 1968) y de las exportaciones (55 por ciento en 1950, 37.7 por ciento en 1960 y 18.8 por ciento en 1968) por el incremento de precios internos y un tipo de cambio fijo desde 1958.

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