Transportistas interprovinciales se declaran en emergencia

Ante indetenible ola de combis “piratas”
Acusan a Gerencia Regional de Transportes de “sorda y muda”

En carta pública y directa al Presidente del Gobierno Regional de La Libertad, Ing. José Murgia Zannier, y la Intendente Jefa de SUTRAN, entre otras instancias de control, más de 30 empresas formales dedicadas al transporte interprovincial, agrupadas en el Consorcio de Empresas de Transporte Interprovincial de Pasajeros de La Libertad (CETIPAL), que cubren las rutas interprovinciales regionales de las provincias de Ascope y Virú, se declararon en emergencia y sesión permanente, "ante la grave e inminente amenaza que se cierne sobre nuestras empresas, debido a la invasión de nuestras rutas autorizadas por aproximadamente 30 camionetas rurales informales, quienes contraviniendo a toda norma legal existente y desafiando a la autoridad administrativa del sector, circulan diariamente con total impunidad en las rutas señaladas, sin cumplir con los lineamientos reglamentarios del transporte y tránsito terrestre", según manifiestan.
La modalidad empleada por los "piratas" es solicitar autorización para servicio de "transporte de trabajadores", o de servicio de "transporte turístico", y en realidad desnaturalizando su autorización se dedican a realizar otra cosa distinta, prestando "servicio de transporte regular de personas" para lo cual no están habilitados; sembrando caos en el sector y convirtiéndose en una competencia desleal de los transportistas que han hecho un gran esfuerzo por formalizarse.
Por eso, ellos solicitan la intervención inmediata del Presidente Regional, pues la Gerente Regional sospechosamente poco o nada hace para combatir esta situación. El Presidente de CETIPAL, Víctor Gamboa Medina, explica: "incluso hace poco la Dra. Jane Ruiz Rivadeneyra anunció que en un operativo se canceló la licencia de dos empresas, por prestar servicio en ruta y modalidad distinta a las autorizadas, eso fue por la mañana, sin embargo por la tarde de ese mismo día las dos empresas continuaban trabajando con sus unidades piratas; es decir se burlan completamente y en su misma cara de las autoridades, solo fue un engañamuchachos".
Para los transportistas de CETIPAL lo lamentable es que los "piratas" cuentan evidentemente con el apoyo de algunos funcionarios y trabajadores de la Dirección Regional de Transportes, quienes a sabiendas de estos hechos, por una parte siguen concediendo autorizaciones y/o incrementos a seudas empresas de combis informales, sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley, así como es evidente la actitud totalmente deshonesta de los inspectores que realizan labor de fiscalización en los peajes de Chicama y Virú, "quienes son sordos, mudos y ciegos al momento que pasan por este lugar cada uno de estos vehículos informales; sin importarles la inversión millonaria que hace el estado peruano buscando la completa formalización de transporte. Por eso nosotros decimos que "Tolerancia Cero" está realmente en cero", señalaron.
Las empresas afectadas aseguran que se afecta su inversión calculada en más de cuarenta millones de dólares; las mismas que genera además puestos de trabajo directo e indirecto a miles de liberteños.
"Los piratas salen a diario de los paraderos informales ubicados en la Av. Mansiche, en el Ovalo Mochica y también en la Av. La Marina, es decir salen de donde quieren, el día que quieren, a la hora que le convenga, se estacionan y cortan ruta por donde sea, es decir tiene licencia para destruir todo lo ya avanzado en la formalización del sector", explicó Gamboa.
Finalmente invocaron al Presidente José Murgia, con quien tienen pactada una reunión, a encontrar una solución definitiva y a todas las instancias pertinentes a cumplir con su papel de ser representantes del estado y por lo tanto de velar por los intereses de la sociedad, y aplicar estrictamente al Reglamento Nacional de Administración de Transportes y sus modificatorias, para asegurar la estabilidad y el desarrollo de los servicios públicos de transporte terrestre; que son de necesidad y utilidad pública. Anunciaron que seguirán con su declaratoria de emergencia y no descartaron tomar medidas de fuerza.