Abg. Walter Tongombol
Zapata
Con la presentación del equipo
jurídico chileno, el 14 de diciembre último, culminó la etapa de las audiencias
orales del proceso judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya
por la demanda que interpuso nuestro país para delimitar, conforme al derecho
internacional, la frontera marítima con Chile.
Los componentes de esta controversia, oficialmente, son tres: a) la
delimitación de las respectivas zonas marítimas que se superponen; b) el
desacuerdo sobre el punto de inicio, en tierra, de la frontera marítima; c) la
pretensión de Chile de desconocer la soberanía peruana sobre una zona de 28,471
km2, denominada triángulo externo.
Los equipos jurídicos de ambos
países expusieron sus argumentos bajo las formas procesales y ritos
diplomáticos establecidos. En esta
oportunidad, no nos detendremos a examinar las construcciones lógicas
argumentativas de ambas partes. Es preciso,
indagar acerca de los motivos que han llevado a nuestra cancillería a presentar
esta demanda, ante una corte internacional con el riesgo de afectar nuestras
relaciones vecinales, y en especial, con un país con el cual todavía subsisten
las rencillas de una guerra sucedida hace más de un siglo.
¿Qué nos ha llevado a La Haya? Torre Tagle nos ha explicado que estamos en
La Haya por una razón jurídica pendiente en la que ambos Estados, tanto Perú
como Chile, no hemos resuelto ni sido capaces de sentarnos a negociar y
suscribir un tratado de delimitación marítima conforme a las normas del derecho
internacional, básicamente, por la negativa de Chile, el cual sostiene que dicho
tratado existe con la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Fronteriza
Marítima de 1954, además de las prácticas reiteradas del Perú que constituyen costumbre
y por ende, fuente del derecho internacional.
Para Edificio Carrera (la cancillería
chilena), Torre Tagle ha construido este caso y se ha aventurado a llevarlo ante
la Corte con el riesgo de alterar el statu quo, no solo inter partes sino que
como precedente jurídico, también, erga omnes.
Por eso, sostiene, no existen razones jurídicas sino una razón de tipo
político; es decir, de poder. Para ex
diplomáticos chilenos como Rodríguez Elizondo, el Perú no permite ni permitirá
que “entre el mar de Grau y el mar de
Chile se interpusiera mar boliviano” (por territorios que pertenecieron al
Perú), por ello, el punto de quiebre histórico para haber iniciado la demanda -agrega-
fue el acuerdo chileno-boliviano de Charaña, celebrado el 8 de febrero de 1975,
entre los dictadores Augusto Pinochet y Hugo Banzer.
Cabe preguntarnos, si Chile estuvo consciente
de ello, entonces, ¿pudo haber evitado ir a La Haya? De antemano, su superioridad militar,
reconocida, frente al Perú, configuraba su ventaja disuasiva en cualquier negociación. Sin embargo, Torre Tagle pudo sortearlo con
las armas de la diplomacia. Esto es lo
que al interior del país sureño se le reprocha a la ex presidenta y antes
ministra de defensa, Michelle Bachelet. ¿De
qué sirvió haber comprado tanto armamento? se preguntan algunos analistas
chilenos como Fernando Thauby.
Sin embargo, al margen de las
posiciones que ambos Estados puedan sostener para determinar el porqué estamos
en La Haya; lo real es que ya estamos ahí y lo cierto es que ésta tampoco emite
decisiones estrictamente jurídicas. De
hecho, la política busca siempre su justificación en las reglas jurídicas
establecidas y con algo más de creatividad, si no existen, las crea. Así lo han entendido las cancillerías de Perú
y de Chile, de ahí que ambas, ahora, sigan las reglas de un juego (propuesto
por Torre Tagle, pero rechazada inicialmente por Chile bajo la administración
Bachelet), en el cual buscan, para sus propios intereses de estado, un
equilibrio que no empeore el bienestar de ninguno, pero que tampoco retrase la
cooperación avanzada. De este modo, se
puede entender, políticamente, el que hayan preferido encapsular el diferendo y
tratar los asuntos bilaterales por cuerdas separadas.
En este sentido, estamos en La Haya,
sin duda, porque Torre Tagle ha tomado la iniciativa, y porque su objetivo no
se agota, necesariamente, en la resolución final del litigio y en su ejecución;
al menos, no debiera. De cara al
bicentenario, es ineludible la instauración de un liderazgo peruano propio en
el nuevo ajedrez geopolítico regional.
Por ello, la pregunta debería ser: ¿para qué estamos en La Haya?
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