Alternativas distintas a las sanciones de pena de cárcel plantearon expertos internacionales en política criminal, que participaron en el conversatorio internacional Rol, Retos y Desafíos para la Implementación de la Política Criminal en el Perú: Experiencias Comparadas, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS).
Vitore André Zílio Maximiano, vicepresidente del Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria de Brasil, contó que existe un gran hacinamiento en las cárceles de su país, cuya población supera los 500 mil internos para sólo 250 mil plazas.
“La políticas de encarcelamiento no sirven. Posibles respuestas a la criminalidad, sin cárceles, podrían darse con prestaciones de servicios a la comunidad”, subrayó.
Por su parte, Andrea Pochak, experta en derechos humanos y derecho penal del Instituto de Derechos Humanos en el Mercosur, negó que los países de la región sean los más violentos, por lo que alertó de la posibilidad de “equivocarnos en el diagnóstico y en las soluciones” a la problemática de la criminalidad.
“Agradecemos al gobierno peruano por permitirnos pensar en políticas específicas. Creemos que se debe reducir la corrupción policial para disminuir la criminalidad”, aseveró.
Cabe subrayar que la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Eda Rivas Franchini, inauguró el conversatorio, en el cual destacó que la Dirección General de Política Criminal y Penitencia del MINJUS es la entidad que tiene el encargo de hacer un diagnóstico y el Plan Nacional de Política Criminal, “que será presentado a la CONAPOC, siendo éste un reto que el MINJUS asume con decisión”.
“Ha habido esfuerzos inorgánicos contra la criminalidad. Tenemos que hacer un plan al mediano y largo plazo, pero que debe mostrar resultados en lo inmediato (…) Los países de América Latina enfrentan problemas similares, por lo que es importante que podamos aprender de estas experiencias, a través de este conversatorio”, sostuvo al destacar que la lucha contra la criminalidad es una política de Estado.
La Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria tiene como responsabilidad estudiar y analizar el fenómeno delincuencial en el Perú. Además, diseñar planes y estrategias de lucha contra la criminalidad, monitorear el funcionamiento del sistema penitenciario, diseñar programas de prevención del delito y es el organismo de enlace del Estado ante entidades de justicia penal y prevención del delito de la ONU y la OEA.
Para abordar el reto es fundamental haber involucrado en el conversatorio a expertos y a los funcionarios del MINJUS y el INPE.
Entre los expositores del conversatorio se encontraron también Farid Samir Benavides Vanegas, viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia; Carlos Charme Fuentes, jefe del gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Interior de Chile. Asimismo, Juan Martín Mena, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de Argentina, así como expertos de larga trayectoria académica y gubernamental.
Por su parte, el representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Oficina Regional para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, destacó el valor de compartir situaciones que están afectando a la región.
“En un problema tan sensible como la criminalidad, se tienen que aunar todos esfuerzos para que podamos encontrar soluciones a esta problemática, más aún cuando hay criminalidad transfronteriza”, dijo.
El conversatorio internacional representó un hito en la nueva dirección del Estado en materia de lucha contra la criminalidad, y cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
También participaron, de modo destacado, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), el Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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