E-ditorial. Los renglones torcidos (por el Estado y las mineras) de la consulta vecinal

El domingo 27 de setiembre se produjo al sur del Perú, un momento estelar en el complejo proceso de construcción de la ciudadanía ambiental. Un proceso que no es siempre constante, ni progresivo ni integral. Quizá ni siquiera racional, en el sentido que los tecnócratas le dan al término, pues está basado inevitablemente en percepciones, “decires”, “pareceres”. Nos referimos al acto que, para fines concretos, se denominó, a nivel de la provincia de Islay, consulta vecinal. Consulta desconocida por el Estado central a través de sus instancias pertinentes (la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Jurado Nacional de Elecciones), como era de esperarse, dada su ceguera normativa al respecto. Y, como también era de esperarse, la negativa al proyecto minero consultado rozó el 100%, a semejanza de los casos piuranos que la precedieron (Tambogrande y Majaz, donde el No alcanzó 94%, para ambos). En ese sentido, esta vez el rechazo al proyecto minero Tía María fue aún más contundente (97%) que en las otras dos localidades. La causa del No volvía a ser en primer lugar, a nivel de percepciones, la incompatibilidad del proyecto agrícola local con el proyecto minero foráneo. Sin embargo, este triunfo ciudadano aún no es garantía de que el proyecto minero será frenado a corto o mediano plazo.

Las experiencias anteriores de consulta, que oficialmente también sólo tuvieron un valor referencial, semejante al de una mera encuesta de opinión pública, han sido sucedidas por dos tipos de resultados. En el caso de Tambogrande, el Estado terminó desistiendo de respaldar el proyecto a cargo de Minera Manhattan-Sechura, subsidiaria de la minera junior canadiense Manhattan Minerals. Proyecto que hasta ahora, siete años después de la consulta o referéndum (junio, 2002), calificada hasta de ilegal por la minera, en la que participaron 27,015 personas de unos 35,000 electores (77%), no se ha realizado. La empresa se retiró definitivamente el año 2005, habiendo invertido U$ 60 millones en vano. Lo cual se debió, al final, a la decisión de la minera estatal CENTROMÍN-Perú de revocar la opción de Manhattan por Tambogrande, en diciembre del 2003, argumentando que la compañía no cumplió con tener una planta de tratamiento de 10,000 toneladas por día y un capital de US$100millones. Sin embargo, la razón de fondo para que todo esto sucediera fue el rechazo tajante de la población tambograndina hacia la actividad minera. Un rechazo que alcanzó su clímax en febrero del 2001, cuando un grupo de pobladores fuera de control quemó el campamento de la Manhattan, en el fragor de un paro convocado en contra del proyecto. A lo cual sucedió, poco después, la extraña muerte, hasta ahora no esclarecida debidamente, del indiscutible y querido líder local, Godofredo García Baca. Alguien que siempre dijo, fuerte y claro, que la minería en Tambogrande era inviable, y que la minera no realizaba en su país los abusos que pretendía realizar en el Perú. Lamentablemente, si bien se derrotó al gran proyecto minero, cuya realización implicaría reubicar a 40% de Tambogrande, posteriormente ingresaron a un sector del Valle de San Lorenzo miles de mineros informales artesanales, sin que el Estado haya podido, ¿o querido?, evitarlo.

El caso del proyecto de la minera Majaz, subsidiaria de la compañía británica Monterrico Metals, fue más complejo geográficamente hablando, pues abarcó a tres distritos piuranos, Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera, en dos provincias, Ayabaca y Huancabamba, participando 18,017 electores de un total de 31,388 (57.4%). Es decir, esta vez hubo menos electores y una menor proporción de estos respecto al electorado total que en Tambogrande, argumento que de inmediato usaron sus adversarios, empezando por el presidente del Consejo de Ministros de entonces, Jorge del Castillo. La consulta realizada en setiembre del 2007, también se hizo de manera pacífica y correcta, como lo atestiguaron observadores neutrales, pero representantes del gobierno central y del sector minero la descalificaron desde antes, tildándola de ilegal y hasta de fiasco. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas informó, un día antes de la consulta, que se fortalecería a la autoridad ambiental minera para supervisar la ejecución del proyecto Río Blanco de Minera Majaz, con el fin de garantizar que no se afecten las aguas ni las tierras de los campesinos. Sin embargo, paradójicamente, en abril del 2007, el 89.9% de las acciones Monterrico Metals fue transferida a la coalición Zijin Tongguan, una de las empresas mineras más grandes de la China, que en diferentes partes del mundo ha atentado contra el medio ambiente. Desde entonces, pese a la consulta, el proyecto minero Río Blanco ha permanecido en la zona, contradiciendo las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. Y la minera, según lo denunció el alcalde de la provincia cajamarquina de San Ignacio, desde hace meses estaría tratando de dividir a la población de la sierra de Piura, a través de la polémica ONG Integrando, que sería propiedad del Grupo Romero, a fin de obtener la licencia social para el proyecto Río Blanco.

Así, años después de las dos consultas vecinales de Piura, la minería, formal e informal, en ambos casos siempre con actitudes “informales”, mantiene su presencia en la región que, por primera vez en el Perú, supo decirle No de manera colectiva y organizada. Una prueba palpable de que detener un proyecto minero es más complejo de lo esperado y deseado, por lo cual la ciudadanía ambiental tiene un fuerte reto por delante, ya sea en Piura como en Arequipa.