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EL E-COCHASKI Nº 44. Notas socioambientales del Perú (y allá). Lima, 22 de marzo del 2010.
Editorial. La terca vocación por la conflictividad socioambiental del gobierno (segunda parte).
Después de lo ocurrido con La Oroya y la minera Afrodita, el Ejecutivo abrió un tercer frente de conflictividad potencial el mes pasado, al emitir el proyecto de ley 3817 sobre desplazamiento forzado interno. El Ejecutivo presentó el 4 de febrero al Congreso de la República dicho proyecto de ley, buscando modificar el artículo 8 de la ley 28223 para que sea el Ministerio de la Mujer el ente que autorice los desplazamientos en caso de inversiones en gran escala. Hecho que recién trascendió públicamente el 22 de febrero, cuando la congresista Juana Huancahuari Páucar dio la voz de alerta a través de una nota de prensa. “La Ley de desplazamiento interno que ampara a las personas o grupos de afectados por conflictos armados o desastres naturales pretende ser utilizada para promover megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial”, indicó la congresista en su comunicación. También cuestionó que el proyecto haya sido enviado a las comisiones de Justicia y de la Mujer del Congreso para su discusión, pero no a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, algo necesario dado su posible impacto en la integridad social, política y económica de las comunidades y pueblos de la Amazonía.
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