Ante indicios de irregularidades en la mayoría de empresas
La Comisión
Investigadora de la venta de acciones en las empresas azucareras Casa Grande,
Cartavio, Laredo, Chucarapi, Pampa Blanca y Andahuasi encontró indicios de
irregularidades, lo que permitió que el Pleno del Congreso ampliara a 180 días
la investigación para emitir el informe final, con 86 votos a favor, 4
abstenciones y 0 en contra.
Esta comisión es
presidida por el congresista Roberto Angulo Álvarez, representante de la
Bancada Nacionalista, y conformada también por Antonio Medina Ortiz, Wuiliam
Monterola Abregú, Hugo Carrillo Cavero y Richard Acuña Núñez. El objetivo es determinar
indicios de responsabilidad de funcionarios, servidores públicos, así como de
las personas naturales y representantes de las empresas azucareras mencionadas.
“En nuestro plan de
trabajo consideramos diversas labores, entre ellas revisar y analizar la normatividad
legal desde 1969. Realizamos audiencias públicas en distintas ciudades donde se
encuentran las empresas azucareras, diversas sesiones ordinarias y
extraordinarias para mostrar los avances del trabajo; además peritajes y solicitud
de información relacionada con la investigación a instituciones públicas”, comentó
Angulo Álvarez.
Azucareras no colaboraron
Entre los
inconvenientes que se presentaron en la investigación fue que habiéndose
requerido la documentación en reiteradas oportunidades a las azucareras, con la
debida anticipación y formalidades de ley, éstas enviaron tardíamente la
información.
Empresas como Casa
Grande y Cartavio han mostrado una actitud renuente a la entrega de información
solicitada por la Comisión Investigadora, tal es así que enviaron documentación
incompleta o documentación no solicitada y en fotocopias simples, dificultando
enormemente la labor de la Comisión.
Inclusive, a través de
sus funcionarios o representantes, las mencionadas empresas, se opusieron al
peritaje requerido, razón por la cual, la Comisión Investigadora, decidió intervenir
vía judicial a través del Juzgado Penal de Ascope, quien instruyó de grado o
fuerza el procedimiento de incautación de documentos.
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