Informa la procuradora Julia Príncipe Trujillo en conferencia de prensa al lado de procuradores del Congreso y MTC
11 millones 734 mil 770.50 soles recuperó el Estado en los casos de delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio, informó la procuradora Julia Príncipe Trujillo al cumplir un año la procuraduría que dirige.
Aclaró que la competencia de la mencionada procuraduría es conocer los casos de lavado de activos y procesos de perdida de dominio que no se originen en el delito de tráfico ilícito de drogas como tráfico ilícito de migrantes, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos contra la administración pública, proxenetismo, delitos contra el patrimonio y otros similares.
Durante una conferencia de prensa ofrecida hoy en el Ministerio de Justicia, informó que por ejemplo en Huaura, se ha logrado desbaratar una mafia que operaba tramitando pensiones de jubilación e invalidez
Indicó que durante el año se ha analizado 206 casos de lavado de activos, de los cuales se logró incautar 10 bienes inmuebles ascendentes a $ 1 572 582.62; además de 7 bienes inmuebles que origina un monto aproximado $ 22 500. Además en dinero se recuperó un monto de $ 1 614 180.53. En total se recuperó un total de $ 3 209 263.15 (S/. 9 274 770.50)
Asimismo señaló que los embargos preventivos en forma inscripción son 17 bienes inmuebles y 11 bienes muebles, por un monto de S/ 2 460 000.00.
Manifestó que los casos investigados son los siguientes: Bao Romero, Pezzinni Blanco, Villanueva; así como el caso Dan Cohen; caso del alcalde Tacabamba, Ibárcena Dworzak y Bautista Ríos.
Por su parte, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Juan Farfán dijo que el Ministerio de Justicia expresa su conformidad con la labor de la mencionada procuraduría que logra recuperar en promedio un millón de soles por mes.
A su turno el procurador adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Alan Alarcón, informó que el Tribunal Constitucional (TC) tiene un caso pendiente de resolver: Peruval Corp. SAC.
Explicó que la mencionada compañía presentó una demanda para que Perú Rail, empresa que opera el ferrocarril Cusco- Macchu Picchu, se siga manteniendo como un monopolio.
“Esa empresa pretende que se impida el acceso de otros operadores ferroviarios alegando que se estaría vulnerando la seguridad jurídica y que no se estaría respetando su contrato, y eso es absolutamente falso. El Estado, por el contrario, lo que en estos momentos está buscando es promover la apertura de ese mercado”, dijo.
En ese sentido agregó que el TC tiene que decidir “o la posición de monopolista de mantenerse en la operación del ferrocarril Cusco - Machu Picchu de manera permanente, o por otro lado, permitir la libre competencia y el acceso de otros operadores ferroviarios”.
Finalmente el Procurador del Congreso, Julio Ubillus, mencionó que hoy se dio el informe final de un “caso emblemático como de la ex congresista Elsa Canchaya” ante la sala Permanente de la Corte Suprema.
“Cabe destacar que la parte civil agraviada del Estado mucha veces no es interpretada ni conocida en la magnitud que le corresponde”, dijo tras indicar que finalmente se ha encontrado el amparo en el Poder Judicial.
Sostuvo que la carga procesal del mencionado caso es de cierto volumen, la cual está vinculada a temas de defensa patrimonial, incumplimiento y otros que desestabilizan la función de un poder del Estado como es el Legislativo.
11 millones 734 mil 770.50 soles recuperó el Estado en los casos de delitos de lavado de activos y procesos de pérdida de dominio, informó la procuradora Julia Príncipe Trujillo al cumplir un año la procuraduría que dirige.
Aclaró que la competencia de la mencionada procuraduría es conocer los casos de lavado de activos y procesos de perdida de dominio que no se originen en el delito de tráfico ilícito de drogas como tráfico ilícito de migrantes, secuestro, extorsión, trata de personas, delitos contra la administración pública, proxenetismo, delitos contra el patrimonio y otros similares.
Durante una conferencia de prensa ofrecida hoy en el Ministerio de Justicia, informó que por ejemplo en Huaura, se ha logrado desbaratar una mafia que operaba tramitando pensiones de jubilación e invalidez
Indicó que durante el año se ha analizado 206 casos de lavado de activos, de los cuales se logró incautar 10 bienes inmuebles ascendentes a $ 1 572 582.62; además de 7 bienes inmuebles que origina un monto aproximado $ 22 500. Además en dinero se recuperó un monto de $ 1 614 180.53. En total se recuperó un total de $ 3 209 263.15 (S/. 9 274 770.50)
Asimismo señaló que los embargos preventivos en forma inscripción son 17 bienes inmuebles y 11 bienes muebles, por un monto de S/ 2 460 000.00.
Manifestó que los casos investigados son los siguientes: Bao Romero, Pezzinni Blanco, Villanueva; así como el caso Dan Cohen; caso del alcalde Tacabamba, Ibárcena Dworzak y Bautista Ríos.
Por su parte, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Juan Farfán dijo que el Ministerio de Justicia expresa su conformidad con la labor de la mencionada procuraduría que logra recuperar en promedio un millón de soles por mes.
A su turno el procurador adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Alan Alarcón, informó que el Tribunal Constitucional (TC) tiene un caso pendiente de resolver: Peruval Corp. SAC.
Explicó que la mencionada compañía presentó una demanda para que Perú Rail, empresa que opera el ferrocarril Cusco- Macchu Picchu, se siga manteniendo como un monopolio.
“Esa empresa pretende que se impida el acceso de otros operadores ferroviarios alegando que se estaría vulnerando la seguridad jurídica y que no se estaría respetando su contrato, y eso es absolutamente falso. El Estado, por el contrario, lo que en estos momentos está buscando es promover la apertura de ese mercado”, dijo.
En ese sentido agregó que el TC tiene que decidir “o la posición de monopolista de mantenerse en la operación del ferrocarril Cusco - Machu Picchu de manera permanente, o por otro lado, permitir la libre competencia y el acceso de otros operadores ferroviarios”.
Finalmente el Procurador del Congreso, Julio Ubillus, mencionó que hoy se dio el informe final de un “caso emblemático como de la ex congresista Elsa Canchaya” ante la sala Permanente de la Corte Suprema.
“Cabe destacar que la parte civil agraviada del Estado mucha veces no es interpretada ni conocida en la magnitud que le corresponde”, dijo tras indicar que finalmente se ha encontrado el amparo en el Poder Judicial.
Sostuvo que la carga procesal del mencionado caso es de cierto volumen, la cual está vinculada a temas de defensa patrimonial, incumplimiento y otros que desestabilizan la función de un poder del Estado como es el Legislativo.
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