Como un importante avance que beneficia a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) calificó hoy el viceministro de Justicia, Luis Marill Del Águila, a la aprobación por parte del Congreso de la República del dictamen que autoriza la entrega de un seguro de vida o compensación extraordinaria para enfrentar los riesgos que supone su actividad.
“Con la modificación de la Ley Nº 29420 -- Ley que fija el monto para el beneficio del seguro de vida o compensación extraordinaria para el personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y bomberos--, se concreta una medida en beneficio de los servidores del INPE y sus familiares, como en el caso del desaparecido director del penal Castro Castro”, detalló.
Explicó que a esta importante iniciativa del Ministerio de Justicia (Minjus) se suma otra propuesta legislativa que también presentará el Minjus para crear la Ley del Servidor Penitenciario, a fin de garantizar el desarrollo y promoción profesional del trabajador penitenciario.
El objetivo es, añadió, establecer un escalafón para los servidores del INPE y regular sus actividades y funciones, que representan un servicio público esencial.
También explicó que el sector presentará otro proyecto de Decreto Supremo para modificar el artículo 9° del Reglamento de la Ley N° 29360 – Ley del Servicio de Defensa Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2009-JUS, para que los abogados defensores públicos del Minjus asuman los casos de negligencias médicas.
Refirió que ante las denuncias de casos sobre negligencia médica, se plantea modificar el citado reglamento para incorporar como materia civil atendible por el Servicio de Defensa Pública, las demandas de indemnización, ya que a la fecha solo se puede patrocinar a dichos agraviados en materia penal.
Agregó que se está incorporando la posibilidad de una defensa integral del beneficiario, para que no solo se le patrocine ante una instancia jurisdiccional, sino para que cuente con un patrocinio que abarque los mecanismos de solución extrajudicial, por ejemplo ante los centros de conciliación. Con ello se busca, además de una defensa integral, la posibilidad de que, con ayuda del abogado Defensor Público, se pueda evitar la judicialización del caso a su cargo.
sábado, 24 de abril de 2010
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