Minjus plantea creación del Registro Nacional de Abogados

Además se presentará iniciativa para mejorar la formación de los futuros abogados mediante la acreditación universitaria de las facultades de Derecho.

Como parte del paquete de iniciativas legales que presentará el Ministerio de Justicia, se planteará la creación del Registro Nacional de Abogados, norma que buscará frenar el ejercicio ilegal de la profesión, afirmó el ministro de Justicia, Víctor García Toma manifestó que

“Si una persona viene y nos ofrece sus servicios profesionales, a través del registro podremos saber si efectivamente es abogada, si está colegiada o no. En segundo lugar, se podrá conocer la forma cómo ejerce la profesión porque en este registro estarán identificadas y consignadas las sanciones que provengan de los colegios profesionales, de los juzgados y salas del Poder Judicial, incluso del propio Tribunal Constitucional”, indicó.

Resaltó que esta iniciativa permitirá la transparencia de la información en beneficio de la ciudadanía y contribuirá de manera significativa a mejorar el servicio de justicia.

Asimismo, el ministro García Toma explicó que el Ministerio de Justicia planteará un proyecto de Decreto Supremo sobre la acreditación universitaria de las facultades de Derecho, a fin de mejorar la calidad educativa que se imparte en las universidades públicas y privadas en relación a la enseñanza del Derecho y enfrentar la masificación de la profesión de abogado.

Sostuvo que existe la necesidad de imponer la acreditación a las facultades de Derecho para enfrentar la actual realidad caracterizada por la proliferación de facultades de Derecho y filiales que no imparten una adecuada formación que asegure un desarrollo profesional idóneo, lo cual se refleja especialmente en el área de la administración de justicia.

Agregó que esta propuesta nace también para enfrentar la excesiva cantidad de abogados (97 mil), a los cuales se suman 82 mil estudiantes de Derecho y más de 100 centros de enseñanza de la carrera. Asimismo, la iniciativa surge para tomar una medida respecto a la falta de criterios básicos de enseñanza y de infraestructura adecuada en los centros de enseñanza universitaria del Derecho.

“Las universidades tendrán que acreditar que cuentan con bibliotecas, inmobiliario y el personal docente adecuado. Aquellas universidades o instituciones que no cumplan con esta acreditación universitaria y que ofrecen la carrera del Derecho quedarán desacreditadas porque los estudiantes recibirán una deficiente formación, además el título que reciba no tendrá legitimidad social y será relegado del mercado laboral”, explicó en entrevista concedida a TV Perú.

La propuesta plantea modificar sólo el artículo 7º del Decreto Supremo Nº 018-2007-ED - Reglamento de la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, norma que desarrolla el mecanismo de la acreditación prevista en la ley con carácter voluntario, a fin de extender la obligatoriedad de acreditación no sólo a los servicios educativos vinculados a la formación de profesionales de la salud o de la educación, sino también a los profesionales del Derecho.