Presentan Unidad Operativa de Defensa de los Intereses del Estado

Metodología de trabajo se aplicará también a otros casos

A fin de articular la labor destinada a garantizar la defensa del Estado peruano, hoy se presentó a la Unidad Operativa de Defensa de los Intereses del Estado en el caso Crousillat, la cual tiene como coordinador al Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra.
Los integrantes son el Secretario Técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Juan Farfán Martínez; el Procurador Público del Ministerio de Justicia, Antonio Alvarado Villajuan y el Procurador Anticorrupción, Jorge Luis Caldas Malpica.
Forman parte de esta unidad también el Procurador Público de la PCM, Raúl Castro Velapatiño; el Procurador Público Ad Hoc para el caso Fujimori Montesinos, Pedro Gamarra Jonson, y el Procurador del Poder Judicial, Segundo Vitery Rodríguez.
El Dr. Daniel Figallo explicó que esta metodología de trabajo se aplicará a otros casos como parte de la aplicación de la política de Gobierno en la lucha contra el flagelo de la corrupción.
“Esta idea de formar unidades articuladas para defender al Estado de la corrupción, también podrá, en el futuro, replicarse en otros supuestos que tengan gran trascendencia y que los procuradores lo consideren”, precisó Figallo.
Añadió que en vista que el ministro de justicia, Víctor García Toma, es uno de los actores principales de la lucha anticorrupción, se le mantendrá informado de manera permanente sobre las acciones de la unidad operativa.
Figallo Rivadeneyra explicó además que a la fecha la Unidad operativa analizará tres casos de José Enrique Crousillat López Torres, el primero es el referido a la sentencia condenatoria a ocho años, la recuperación de lo obtenido ilegalmente, y la persecución y recuperación de la reparación civil que asciende a 80 millones de soles.
El segundo caso se refiere al habeas corpus presentado contra la ejecución de la sentencia y contra la resolución que deja sin efecto el indulto; y el tercer caso es el referido al mandato de detención de José Enrique Crousillat sobre la base del presunto delito de cohecho, el que además involucra a ex funcionarios del INPE y el ex presidente de la Comisión de Indulto, como presuntos autores del delito contra la administración de justicia.
Se informó también que las procuradurías están delimitando una estrategia para que se movilicen las cuentas bancarias de Crousillat en Argentina. Asimismo, se ha cursado la carta rogatoria a Estados Unidos solicitando el embargo de los bienes de Crousillat.