viernes, 23 de noviembre de 2012

Defensa Pública atiende a más de 400 internos en situación de abandono en penal de Lurigancho



Minjus tiene previsto atender a mil 500 internos carentes de recursos al término del 2012

Alrededor de 400 internos del penal de Lurigancho (ex San Pedro), considerados en situación de abandono legal, recibieron atención jurídica gratuita por parte de la Dirección General de Defensa Pública, como parte del Programa de Defensa Legal en las cárceles implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).

Al respecto, el director de Defensa Pública, doctor Ernesto Lechuga Pino, consideró que esta es una primera visita que su despacho coordina en dicho centro penitenciario, y lo que se busca es llegar a la mayor cantidad de internos que requieran asesoría legal gratuita. “Estaremos programando una segunda visita en Lurigancho”, señaló.

Como es conocido, el centro penitenciario de Lurigancho es el más poblado del país, con una cifra que bordea los ocho mil internos, excediéndose en un 150 por ciento de su capacidad de habitabilidad. El número de atenciones a cargo de la Dirección de Defensa Pública superó el promedio registrado en otros centros penitenciarios y contó con un equipo integrado por 25 abogados de la sede de Lima.

Hasta el momento, el Minjus desde agosto de este año, realizó campañas similares en los penales del Callao (ex Sarita Colonia), Chorrillos (ex Santa Mónica), Lima (ex San Jorge), Guayabamba (Iquitos) y finalmente en Lurigancho. Se tiene previsto llegar además a los penales de Ucayali y Canta Grande.

“Hemos proyectado atender a no menos de mil quinientos internos hasta diciembre de este año y la campaña luego se concentrará en el interior del país como parte de la política de atención a los internos procesados o condenados que no tienen recursos para contratar un servicio legal privado  o que requieran de apoyo para la obtención de beneficios penitenciarios”, explicó Lechuga Pino.

Es necesario resaltar que, estas actividades se enmarcan dentro de la implementación del programa de Defensa Pública en las cárceles, según lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 143-2012-JUS de fecha 21 de mayo del 2012.

Con la información proporcionada por los internos, los abogados de la Defensa Pública, elaborarán las respectivas carpetas y realizarán el seguimiento respectivo en cada caso. La labor de los defensores contempla la asesoría legal y eventualmente el patrocinio a los internos carentes de recursos económicos.

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